El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, remitió esta semana al Cabildo de Lanzarote hasta seis mociones aprobadas en diciembre por el Pleno de la Corporación, unas presentadas por el grupo de gobierno y otras por grupos políticos de la oposición (PP, PSOE y Podemos - Lanzarote en Pie). En las mismas, se recogen demandas municipales instando a la Primera Corporación insular a intervenir "con la redacción de proyectos y/o financiación para ejecutar iniciativas tendientes a acrecentar el bienestar de Yaiza". Noda ha apelado a la colaboración interadministrativa "con el fin de aunar recursos y esfuerzos de cara a la consecución de objetivos como lo hemos venido haciendo con el propio Cabildo, el Gobierno de Canarias e incluso con el Gobierno de España".
Entre los acuerdos plenarios adoptados por Yaiza que ya han sido enviados al gobierno insular que sustentan los partidos PSOE y PP, se encuentra la solicitud de compensación por la pérdida de 1,1 millones de euros que ha supuesto para el municipio la eliminación de ayudas en los presupuestos de 2019 destinados a proyectos de inversión y empleo, suplementando en similar importe las respectivas subvenciones en las cuentas insulares del año en curso, una moción defendida por el grupo de gobierno de Yaiza (UPY-CC).
En cuanto a red de saneamiento, a propósito de una moción del PSOE que pide que todas las localidades del municipio gocen del servicio, Yaiza exige al Cabildo "para empezar" que ponga en marcha el Órgano Ambiental insular para que el Consorcio del Agua de Lanzarote, con el visto bueno de dicho órgano, saque a concurso cuanto antes las obras de saneamiento del pueblo costero de El Golfo. Y es que, el Ayuntamiento recuerda que en 2017 gestionó y consiguió la financiación de un millón de euros del Gobierno de España para desarrollar la red de saneamiento y depuración de aguas residuales de El Golfo en virtud a un acuerdo firmado a tres bandas por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento y el Consorcio del Agua de Lanzarote.
Asimismo, el Consistorio afirma que instó hace tres años al Gobierno de Canarias a elaborar los proyectos de saneamiento, depuración y reutilización de aguas de todos los pueblos del municipio, considerando que Playa Blanca es el único núcleo poblacional que cuenta con red de saneamiento. "El Ayuntamiento, por supuesto, ofreció entonces todo el apoyo técnico necesario para sacar adelante los proyectos atendiendo la confirmación del Ejecutivo de que había financiación", se apunta desde la administración sureña.
Plan de movilidad urbana y paradas de guaguas seguras
Otra de las mociones aprobadas por Yaiza en diciembre pide al Cabildo la elaboración de un plan de movilidad urbana para el municipio. En principio, según explican desde el Consistorio sureño, el PP presentó la propuesta al Ayuntamiento para la redacción de un plan solo para la localidad turística de Playa Blanca pero luego, a propuesta del alcalde y por consenso el Pleno municipal, se acordó hacer la solicitud para que el proyecto sea extensible a todo el municipio y sea el Cabildo de Lanzarote la administración responsable de la realización del estudio.
El Ayuntamiento también adoptó otro acuerdo relativo a la seguridad en las paradas de guagua del servicio regular de transporte interno de Playa Blanca acogiendo la inquietud planteada por el PSOE. El pleno, en tal sentido, acordó instar al Cabildo a que realice el estudio pertinente de seguridad de las paradas de guagua de la línea 30 y otras situadas en el pueblo de Playa Blanca. Y es que, según el Consistorio, "se da la circunstancia, por ejemplo, de que en algunas paradas las guaguas estacionan en las proximidades de pasos de peatones obstaculizando la visibilidad tanto de viandantes como de conductores".
Yaiza dio el visto bueno además a una moción de Lanzarote en Pie-Sí Podemos, que insta al Gobierno de Canarias a que se dote a los ayuntamientos de recursos para crear un servicio de salud escolar conforme a una moción presentada por la formación morada en el Cabildo. Al respecto, se señala que el papel del Cabildo sería el de ayudar a gestionar los recursos ante el Gobierno de Canarias y luego instar a todos los municipios a su puesta en marcha, siempre que se garantice a las administraciones locales la correcta dotación de recursos materiales y humanos para el buen funcionamiento del servicio.
