La familia de Melián ha vivido, este lunes, momentos de tensión. Una pala excavadora les ha derribado, con una orden judicial, uno de los muros que delimitan su propiedad ante sus propios ojos. Clara, su mujer, lloraba lágrimas de impotencia y clamaba justicia ante la autoridad judicial que se ha limitado a comunicar verbalmente la sentencia y a proceder al derribo de la pared en cuestión.
Un secretario judicial y el perito, acompañados de dos agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, se han presentado esta mañana en el domicilio de Melián para ejecutar la sentencia, aunque según denunciaba Melián, nadie se lo había notificado. Antes, el personal de la perrera municipal tuvo que desalojar a los dos perros que se encontraban en el interior, para evitar que resultasen heridos.
"Yo he comprado una vivienda escriturada en 1.000 metros cuadrados hace cuatro años, inscrita en el registro de la propiedad con todo en regla. Y ahora me encuentro con que hay una sentencia, que hasta el momento yo no he visto, de un proceso del que yo no he tenido conocimiento hasta hace 15 días que dice que 235 metros del jardín de mi casa le pertenecen al propietario de la parcela de al lado", resume Melián su postura. Se queja de no haber recibido notificación alguna sobre el derribo aunque según dice sus abogados si presentaron un recurso contra la sentencia en el plazo de diez días con los que contaba. "Pensábamos que eso (el recurso) seguiría su curso pero se presentan aquí y me han derribado la pared sin más explicaciones que esos metros pertenecen ya al propietario de la parcela contigua".
Marcial dice no entender la decisión judicial y se siente impotente e indefenso. "No entiendo la justicia porque si yo compro con un notario y registro, en una casa en la que no aparece ningún pleito en el registro de la propiedad con los últimos diez dueños de la misma", dice asegurando que es el décimo comprador de esta propiedad que ha sido "siempre de 1.000 metros cuadrados". "No entiendo cómo los jueces pueden dictar una sentencia en una propiedad que yo he comprado libre de cargas y con buena fe".
Las suspicacias le vienen a Melián porque según cuenta, "el aparejador que firmó y ejecutó la obra quien firmó las licencias, certificados final de obra y las cédulas de habitabilidad con los 1000 metros cuadrados de parcela (20 de fachada por cincuenta de fondo), donde hay una alineación y rasante del Ayuntamiento del año 99 (documentación con la que cuenta), entre otras cosas, es ahora el mismo que hace el peritaje del muro para su derribo, a favor de la otra parte". Marcial compró la vivienda a la empresa, Lanzarovelli S.L. del que era administrador el lanzaroteño, Oliver Rodríguez, en prisión desde hace aproximadamente un mes por un presunto delito de extorsión. "Veo que hay una corrupción de algunas personas", decía Melián que no entiende como puede haber una sentencia definitiva para derribar un muro que es de su propiedad.
Perspectivas de acuerdo
Asimismo, a pesar de que durante la mañana y previo a la demolición, Marcial ha intentado llegar a un acuerdo para evitarlo, por la otra parte ha recibido la negativa incluso a dialogar directamente. "Lo he dejado en manos de mis abogados, hay una sentencia y no quiero declarar nada más", alegaba a primera hora la otra parte litigante, J.A. Pero, con posterioridad a la demolición, "el acuerdo que este señor me plantea sería pagarle otra vez esa parte del solar, porque dice que esto es de él, y que tengo la posibilidad de venderme este trozo sólo o toda la parcela". Por lo que Marcial se preguntaba "¿tengo que pagar la parcela dos veces?".
El siguiente paso para Marcial será intentar recuperar ese trozo de jardín y según comenta, sus opciones se limitan a "demandar a la persona que me ha vendido esto, si es verdad que hay una sentencia definitiva y tenía algún pleito antes de mi compra", porque explica que ha pedido una certificación registral desde el año 1954 que se vendió esta parcela en un primer momento y "desde entonces siempre ha sido de mil metros".
Por otro lado, durante la visita de la autoridad judicial, Melián se ha sentido intimidado tanto por la policía como por los funcionarios judiciales, según explica, que esta mañana le avisaban de que si se negaba a que se ejecutase la sentencia corría el riesgo de que se le abriesen diligencias por obstrucción a una orden judicial, y que la pena podría ser de tres a seis años de prisión. Algo que también le ha confirmado su abogada.
