Los estatutos de la EPEL de los Centros Turísticos "devienen inaplicables por ilegales en cuanto al nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, pues los artículos sobre los que se asientan debieron y deben ajustarse al marco legal sobrevenido". Eso es lo que sostiene el segundo informe jurídico encargado por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, después de que la oposición aprobara en el Pleno del Cabildo destituir a José Juan Lorenzo como consejero delegado de los CACT. Ahora, en base a ese informe, San Ginés afirma que el acuerdo es "nulo de pleno derecho"
El informe está firmado por el secretario de la Corporación, Pancho Perdomo, el director de la asesoría jurídica, Pedro Fraile, y la directora adjunta, Eugenia Torres, y se centra en analizar quién tiene las competencias para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de la EPEL o para acordar su cese. En dos artículos de los estatutos de la entidad, se señala que esa competencia recae en el Pleno del Cabildo. Sin embargo, el dictamen encargado por San Ginés señala que eso choca con la Ley de Bases de Régimen Local del año 2013, que en un artículo referido a los ayuntamientos establece que la "facultad" de "designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe", reside en el Consejo de Gobierno.
En base a esta ley, los juristas que han elaborado el dictamen concluyen que no hay "duda sobre la prevalencia de la norma superior sobre la inferior y la indudable aplicación de la primera". Es decir, la Ley de Bases de Régimen Local, que dejaría el nombramiento, o en este caso el cese de José Juan Lorenzo, en manos del Consejo de Gobierno del Cabildo y no del Pleno, donde actualmente San Ginés está en minoría.
"La única resolución posible de este recurso es la estimatoria"
"A la vista de dicho informe, y teniendo en cuenta que tanto el Grupo de Gobierno como el propio afectado (José Juan Lorenzo) recurrieron el acuerdo por la vía administrativa, parece muy claro que la única resolución posible de este recurso es la estimatoria", señala Pedro San Ginés en un comunicado remitido este miércoles, coincidiendo con la noticia de que Lorenzo ha retirado la denuncia que presentó contra los 14 consejeros de la oposición, a los que había acusado de supuestos delitos de "amenazas y coacciones".
El acuerdo plenario para cesar a Lorenzo se adoptó el pasado 27 de octubre y San Ginés encargó un primer informe que no consideró concluyente, por lo que pidió otro segundo dictamen. Con él, según señala en su comunicado, pretendía que se "resolviera la duda reflejada en el informe anterior en el que se señalaba que si bien la Ley de Bases de Régimen Local dice que corresponde al Consejo de Gobierno y no al pleno la competencia de designar y cesar a los representantes de la Corporación en los entes dependientes, tanto el Reglamento Orgánico del Cabildo como los propios Estatutos de la EPEL-CACT dejan entrever la posibilidad de que corresponda también al Pleno dicha competencia".
Ahora, con el segundo dictamen, el presidente afirma que el acuerdo adoptado por la oposición es nulo de pleno derecho, dejando así claro que no piensa ejecutarlo y que José Juan Lorenzo continuará al frente de los Centros. El consejero, por su parte, retiró el pasado 12 de diciembre su denuncia contra todos los miembros de la oposición y este miércoles se ha limitado a señalar que considera que "tiene más sentido" resolver el tema en la "vía administrativa", es decir, en el propio Cabildo, y no en la vía penal, que es a la que había recurrido hace casi dos meses, presentado una denuncia en los Juzgados.
