José Torres Stinga ha sido contundente. "Dimas Martín está detrás del acuerdo con la UTE Edam Janubio". Y es que según el presidente nacional de Coalición Canaria, es "vox pópuli" que el líder del PIL ha mantenido encuentros con técnicos y empresarios en las instalaciones de Inalsa. Incluso, Torres Stinga ha llegado a recordar, vinculándolo a estos hechos, que Dimas Martín aún debe pagar 400 millones de pesetas por la sentencia judicial del caso del Complejo Agroindustrial, por la que actualmente cumple condena en régimen de tercer grado, y de la que aún tiene pendiente la restitución del dinero.
En la rueda de prensa ofrecida este viernes, los nacionalistas han denunciado "el engaño que ha supuesto negar sistemáticamente haber mantenido negociaciones con la UTE, para sorprendernos en el día de ayer con su anuncio de pagar 2,5 millones de euros", que también han calificado de engaño, ya que "terminarán pagando casi tres millones de euros en cuatro años", han asegurado.
Los populares, por su parte, se oponen "rotundamente" al pago de 2,5 millones de euros a la UTE Edam Janubio "para que se retiren los procedimientos judiciales existentes", reseñaban.
"Lo cierto es que seis años después de que el PIL lograse que el PSOE defendiera la urgencia de aquel contrato impoluto, so pena de quedarnos sin agua en unos meses, seguimos sin planta, con agua, y nos pretenden birlar más de 400 millones de las antiguas pesetas", sentenciaba Pedro San Ginés.
Y lo más grave para los nacionalistas, es que lo hayan hecho, "no sólo de espaldas al dueño de Inalsa, el pueblo de Lanzarote, sino en contra de sus acuerdos", ya que según afirmaba San Ginés, "declararon nulo de pleno derecho aquel contrato sin el cual no cabe laudo alguno, y en contra de los pronunciamientos judiciales y del Consejo Consultivo, que venían siendo favorables a los intereses de INALSA".
PLAN DE "INVIABILIDAD"
Pero el acuerdo con Edam Janubio no ha sido el único motivo de críticas para la oposición. Apenas 24 horas después de la presentación del "Plan de Viabilidad y Modernización de Inalsa" por los consejeros Plácida Guerra y Carlos Espino, Coalición Canaria y Partido Popular han ofrecido sendas ruedas de prensa para oponerse a su ejecución por considerarlo, entre otras cosas, "inviable".
"Coalición Canaria no escatimara ningún esfuerzo ni recursos a su alcance para impedir que se consume" lo que consideran "un siniestro Plan de Inviabilidad y Dilapidación del modelo público de producción y distribución de agua en la isla", han asegurado.
Según su opinión, el Plan "constituye un intento de expolio de capital y patrimonio de desproporciones descomunales jamás visto en esta isla", que según consideran los nacionalistas, "pretende endeudar a Inalsa en sólo una legislatura con unos 10.000 millones de pesetas", que es "mas de toda la deuda que acumula el Gobierno de la isla en más de un siglo de existencia", concluía.
EL PP PIDE LA DISOLUCIÓN DE INALSA
Por otro lado, los populares piden la disolución de Inalsa y proponen que el Consorcio Insular de Aguas recupere las competencias del Consejo de Administración en la empresa pública ya que según explican, no creen "que quienes han llevado a la empresa a una situación económica calamitosa puedan ser los que propongan un plan de viabilidad y modernización creíble", han declarado. Además, plantean crear una "Comisión Especial para la Producción, Distribución y Reutilización del Agua" que esté presidida por la presidenta del Cabildo, mandatada por el Pleno, y que cuente con la participación de todos los partidos políticos de la Corporación.
Para San Ginés, lo verdaderamente grave del planteamiento del Plan que se pretende financiar endeudando a la empresa en 57 millones de euros, es que "47 de esos millones (un 75 por ciento) pretenden que sean empresas privadas quienes los financien, a cambio de que Inalsa se los devuelva con enormes intereses que jamás será capaz de afrontar, como no sea entregando lo ejecutado a sus acreedores". Lo que constituye un indicio de "un burdo y descarado intento de privatización masiva de la empresa, tras su irremediable quiebra por impagos". Así, considera que el plan "llama financiación a lo que es un cuadro de amortización", asegura San Gines, ya que según afirma "propone que Inalsa devuelva en doce mensualidades hasta el 2020, unas cuotas que anualmente llegan a alcanzar en varios de esos años cantidades superiores a los once millones de euros por año". A lo que se plantea: "¿nadie se pregunta cómo?".
Según su propio ejemplo "hasta donde se dispararía el montante total que Inalsa tendría que devolver a las empresas privadas que financiarían lo que han venido a llamar "crédito de empresa". La mayor de estas operaciones consistente en un depósito por valor de 28 millones de euros terminara por costar 37,7 millones en 2020". Ya que el Plan "no presenta ningún plan de pagos o tesorería que explique como piensa hacer frente a semejante barbaridad cada año".
SUBIDA DE TARIFAS
Además, PP y CC también han coincidido en cargar contra la subida de las tarifas del agua que implica este nuevo plan de gestión de Inalsa, tildándola de "indecente" los nacionalistas y de "desmesurada" los populares, que consideran que implicaría precios hasta un 30 por ciento más altos.
Por otro lado, desde Coalición Canaria han hecho máxima responsable a la presidenta del Cabildo y el Consejo de Administración de Inalsa, que propuso el plan para su aprobación, y han advertido de las "irremediables consecuencias que este desastroso Plan tendrá para el futuro de todos los ciudadanos de la isla que representa". Por eso, le instan a "aclarar cuanto antes si además de aparentarlo, efectivamente es coparticipe de esta tremenda tropelía que no vamos a permitir bajo ningún concepto".