Desde que la joven, que en la actualidad tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato, llegase a Lanzarote en marzo de 2006 acompañada de su familia y siguiendo el rastro marcado por su hermana mayor unos años antes, pudo estudiar como cualquier niña española por su minoría de edad, a pesar de no contar con el permiso de residencia. Así, superó con éxito el cuarto año de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Primero de Bachillerato como aparece en sus calificaciones, en las que predominan sobresalientes y notables. Orgullosa muestra sus pruebas de que es una buena estudiante.
El drama se dibujó en su horizonte cuando hace menos de una semana, la directora del centro educativo donde estudia le comunicó que había recibido una notificación en la que se indicaba que tras celebrar su decimoctavo cumpleaños, el próximo mes de febrero, no podría seguir escolarizada y por tanto no podrá finalizar el curso.
Según la Ley, "todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas". En el caso de esta estudiante, la ironía radica en que estaba a punto de intentar acceder a un permiso de residencia temporal. Y es que en marzo, un mes después de su cumpleaños, cumplirá también tres años en España. "Los extranjeros no comunitarios sin papeles, para iniciar el trámite del permiso de residencia deben estar empadronados durante al menos tres años", dice su hermana mayor, que se conoce la normativa al dedillo, a fuerza de usarla.
Pero además de ese mes entre su cumpleaños y la fecha en la que podría solicitar el permiso, tendría que esperar sin acudir a clase el tiempo necesario para el trámite burocrático, que según su hermana, que lleva en España más tiempo y sí consiguió los papeles hace años, es de alrededor de dos meses.
Un periodo que de facto implica que la joven pierda por completo el año escolar y se vea obligada a repetir el próximo año el último curso del bachillerato, puerta de acceso a la universidad. "Es injusto que haya gente que pueda estudiar y no lo haga, y yo que quiero no pueda", dice la joven, que asegura que le ha afectado anímicamente y que quiere dejar constancia de lo "poco humana" que puede ser una ley.
Las opciones que le han llegado a plantear desde el centro es que, en todo caso, si los papeles estuvieran listos antes de abril, ella podría hacer los exámenes de final de curso libres. Algo que ella tampoco ve como una solución, porque considera que "es más difícil sacar nota de esa manera", preocupada por la nota de corte que podría conseguir, aunque todavía no haya decidido si decantarse por la carrera universitaria de derecho o de magisterio.
Ella no entiende la paradoja que se da en su caso, y su familia tampoco. La condición de extranjera y la fecha en que cumple su mayoría de edad, momento esperado por la mayoría de las jóvenes, le repercuten hasta tal punto que ve truncada su vida, la profesional y la personal, por el cumplimiento de unas leyes a las que, en ocasiones, "se les escapa la condición de seres humanos y el sentido común", concluye su hermana, que sufre a su lado la realidad de ser de fuera. "Así, de buenas a primeras va a estar en casa sin poder hacer nada a partir de febrero, estando en un curso como segundo de bachiller, que en el mes de abril finaliza sus clases para el examen de acceso a la universidad", concluye indignada su hermana.
