"Le agradezco mucho sus sabios consejos, pero le puedo asegurar que me encuentro preocupantemente sereno. Igual soy yo que no me doy cuenta de los nervios que llevo por dentro, pero estoy muy sereno". Así ha respondido a la oposición el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, durante el Pleno celebrado este viernes, en el que ha tenido que hacer frente a una avalancha de críticas, tanto por sus "errores" en la tramitación de documentos urbanísticos como por el hecho de que "utilice la institución" para sus "guerras".
La frase sobre su "preocupante" estado de "tranquilidad" se la ha dedicado en concreto al consejero socialista Marcos Bergaz, que le había pedido al presidente que "apacigüe los ánimos" y deje de "alimentar el ruido" en materia territorial. Después, San Ginés ha hecho varias referencias más a su estado de "tranquilidad". Una de ellas, cuando el portavoz de Podemos, Carlos Meca, le ha acusado de responder a sus problemas judiciales con ataques a terceras personas. Entre otras cosas, Meca se ha referido a la nueva pieza abierta por el juez para investigar la contratación por parte de San Ginés de "su amigo sobrevenido Ignacio Calatayud", para asesorarle en la incautación de la desaladora de Montaña Roja, por la que ambos están también imputados en el procedimiento principal.
"Gracias por reconocerlo", le ha contestado el presidente, que fue el primero en referirse en un Pleno a Calatayud como un "amigo sobrevenido", ya que sostiene que esa amistad surgió cuando el abogado ya había empezado a trabajar para la Corporación. "Yo estoy tan tranquilo… Un bálsamo", ha repetido San Ginés, después de que Meca le recordara esa nueva investigación judicial, que se centra en otras cosas en el hecho de que Calatayud le asesoraba en la incautación mientras a su vez trabajaba para la empresa a la que se le entregaron las plantas, es decir, Canal Gestión.
"Para mí es una tranquilidad. Cada vez que quiera dejar sobrevolando la duda de la legalidad, le podré decir: No se preocupe don Carlos, que eso está siendo investigado por la Justicia. Por lo tanto no tiene usted que hacer de juez", ha contestado el presidente, tras recordar que Podemos ha anunciado que se personará en esa nueva pieza abierta en los Juzgados.
Un nuevo informe sobre Yudaya realizado por Eugenia Torres
Durante el Pleno celebrado este viernes, en el que ha comenzado reconociendo que cometió un "error" al aprobar hace un mes y medio la modificación del Plan de La Geria, San Ginés también ha vuelto a poner sobre la mesa una vez más el convenio de Yudaya, firmado hace diez años y renovado y ampliado recientemente bajo su presidencia. En esta ocasión, Pedro San Ginés ha presentado un nuevo informe, aunque la oposición no conocía su contenido porque no se lo habían entregado previamente. En cualquier caso, pese a que lo ha incluido como punto del orden del día, el presidente tampoco ha realizado ninguna propuesta de votación y se ha limitado a hablar de su contenido, con el que concluye que ese convenio fue "nulo de pleno derecho".
El presidente achaca la autoría de ese informe a "los servicios jurídicos del Cabildo", aunque concretamente ha sido realizado por una jurista, Eugenia Torres. Esta jurista es la misma que avaló el trámite a seguir para aprobar la modificación del Plan de La Geria, que ahora San Ginés reconoce que fue erróneo. De hecho, ha tenido que ser rectificado y se ha invalidado esa aprobación inicial, ya que no se tramitó previamente la memoria ambiental.
En su momento, tras los requerimientos de la oposición, el secretario terminó confirmando que la modificación del Plan de La Geria se había llevado hasta tres veces a pleno sin los informes preceptivos, ya que solo había uno que no era válido, porque lo elaboró el director insular de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Santana, que es un cargo de designación política. Así, lo que hizo San Ginés en el último Pleno fue presentar el mismo informe, pero avalado también por Eugenia Torres, que estampó su firma en el dictamen.
Ese informe, del que el secretario también advirtió de que tenía carencias, porque "en ningún momento valoraba o estudiaba si la modificación que iba a aprobarse se ajustaba a la legislación y normativa vigente", se "limitaba a exponer cuál debe ser la tramitación legal del expediente y a proponer un cronograma". Es decir, justo lo que ahora el presidente afirma que fue erróneo.
"Persecuciones a los que han defendido la legalidad"
Ahora, la misma jurista que avaló ese dictamen es la que ha elaborado el informe sobre Yudaya, en el que sostiene que ese convenio firmado hace una década fue "nulo de pleno derecho", porque dice que debió ir a Pleno y que se debió contar con el Ayuntamiento de Yaiza. En realidad, lo que concluye es que el convenio "no vincularía" al Consistorio, porque no participó en él.
Durante el pleno y en base a ese informe, San Ginés también ha vuelto a hacer referencias al abogado que estuvo defendiendo al Cabildo en el pleito contra las licencias otorgadas a Yudaya, cuando la institución decidió recurrir los permisos que le otorgó el Consistorio sureño. Y es que el convenio, que supuso la retirada de los pleitos por parte del Cabildo, incluía una cláusula para que fuera la empresa (y no la Corporación) la que corriera con los costes judiciales (abogado, procuradores y peritos) generados por los tres procedimientos que habían estado abiertos durante seis años.
"Llevamos una hora hablado de esto que no es más que un paripé, una utilización de la institución", han cuestionado desde el PSOE, lanzando un mensaje en el que han coincidido casi todos los partidos de la oposición, que creen que al hablar reiteradamente de ese convenio o de un determinado letrado (concretamente, del que ganó todos los pleitos emprendidos en su día contra las licencias ilegales concedidas en Playa Blanca), el presidente solo pretende "utilizar el Pleno del Cabildo para una guerra de guerrillas".
Mientras desde Somos Lanzarote han acusado además a San Ginés de organizar esas "guerras" con "las cartas marcadas", ya que ni siquiera había entregado el informe a la oposición para que pudieran conocerlo antes del Pleno, desde el PSOE han pedido al presidente que abandone "las persecuciones a todos los que han defendido la legalidad y los intereses de esta Corporación" en las últimas décadas. Hacían así también referencia a lo sucedido con el que era director de la Oficina del PIOT, Polo Díaz, que fue destituido por San Ginés el pasado mes de junio. Cabe recordar que esa destitución acaba de ser declarada ilegal por los tribunales, al igual que la decisión de San Ginés de apartar a este funcionario de la emisión de informes en un procedimiento para intentar legalizar un hotel hace cinco años.
Por su parte, el consejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, ha reprochado al presidente que "vea solo lo que quiere ver" con respecto a este tema, puntualizando además que muchos de los datos que ya hizo públicos el presidente la pasada semana no se ajustan a la realidad y que, además, omitió información relevante. "No vea solo lo que quiere ver", ha insistido.
