Nueva Canarias exige "mayor control" del Cabildo de Lanzarote a las empresas que gestionan sus servicios públicos. Además recuerda que "desde el año 2020 varios de los centros de acogimiento residencial de menores titularidad de la primera institución insular son gestionados por una empresa" que, tras ganar la licitación del paquete de cuatro centros, se hizo responsable de la gestión a "un precio muy por debajo del coste real del servicio".
Los canaristas se hacen eco de las demandas del comité de empresa de los trabajadores, que durante los dos últimos años han ido comunicando a la Consejería de Bienestar Social del Cabildo los "incumplimientos" que presenta la empresa adjudicataria. Unos déficits tales como no sustituir las incapacidades temporales del personal auxiliar técnico educativo, educadores y personal de servicios; no contratación de personal a pesar de no cumplir la ratio establecida; no provisión de automóviles para el traslado de los menores en los casos de avería etc. Estos incumplimientos, señalan desde NC, estarían "vulnerando los pliegos de prescripciones técnicas" que están obligados a cumplir al ganar el concurso de licitación.
“A día de hoy desde el Cabildo de Lanzarote no se ha tomado ninguna medida ante esta situación, haciendo oídos sordos a las demandas de los trabajadores que ya han avisado de forma reiterada que la empresa no está cumpliendo con lo exigido en los pliegos”, comenta la consejera canarista Daisy Villalba, que apunta a una “ausencia de supervisión y control de dicho contrato por parte de la Consejería de Bienestar Social”.
Además, desde el partido señalan que la situación se ha visto "agravada" con la decisión de la empresa adjudicataria de comenzar un proceso de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES). Para Villalba esta decisión es “incomprensible dado que según la ley los centros residenciales deben tener máximo diez plazas, y en la actualidad en Lanzarote se acogen hasta doce y trece menores con dos auxiliares técnicos educativos por turno, incumpliendo la ratio establecida por el 'Plan Integral del Menor de Canarias' de un auxiliar técnico educativo por cada cinco menores”. “Se está incumpliendo la ley y el Cabildo mira hacia otro lado”, destaca Daisy Villalba.
Sobre esta situación, comentan desde NC, "está en conocimiento desde hace menses el consejero de Bienestar Social del Cabildo Insular de Lanzarote, Marci Acuña", pero se continúa "sin tomar decisiones" ni informar a los trabajadores de la situación o de las medidas que esperan tomar al respecto, permaneciendo a la "expectativa y en un absoluto silencio y desvalorizando a los trabajadores de estos centros" y, sobre todo, permitiendo que se "desatienda y disminuya en gran medida la calidad de atención a los menores en situación de acogimiento residencial, llegando en ocasiones a faltar recursos básicos".
Prosigue Villalba que “esta situación afecta a otros recursos que, aun no siendo de titularidad del Cabildo de Lanzarote, son servicios públicos gestionados por la misma empresa por el cual las administraciones deberían valorar si este modelo de gestión es el más adecuado para encargar el cuidado de personas tan vulnerables como nuestros niños, niñas y adolescentes”.
NC exige al Cabildo y a la empresa adjudicataria que se "informe" a los trabajadores sobre su situación laboral, ya que han soportado durante años "unas condiciones laborales de precariedad". Además, proponen a la Consejería de Bienestar Social que los contratos que se establezcan con empresas privadas que gestionan servicios públicos dirigidos al cuidado de los más vulnerables sean "supervisados de forma escrupulosa", exigiéndose el "máximo cumplimiento de los pliegos técnicos" y, de no ser así, se "sancione" a las mismas de forma que se evite la precariedad en la que se están encontrando los trabajadores y el propio servicio.
Del mismo modo, los canaristas reclaman que las licitaciones en este tipo de servicios "no sólo se basen en un ahorro económico para la institución", sino en "valorar la calidad del servicio ofrecido" a personas en situación de vulnerabilidad y en este caso a niños, niñas y adolescentes que, por sus circunstancias personales, familiares o del entorno deben estar en situación de acogimiento residencial.
