"El proyecto de directiva contempla que los inmigrantes pasen de estar internados 40 días en los centros hasta un año y medio", explicaba José Morales, portavoz del Foro Intercultural de Lanzarote. De hecho, Morales mantiene que la normativa también contempla retener a los menores que viajen con personas adultas en estos centros, dejando a un lado los correspondientes centros de menores. "La norma contempla incluso que, en el caso de que no existan centros de internamiento, los inmigrantes sean alojados en las cárceles, algo que ocurrirá aquí, en Lanzarote", señalaba Morales. Además, cuando una persona salga de uno de estos centros, "no podrá pisar el espacio Schengen (formado por la mayoría de los países miembros de la Unión) durante cinco años", añade el portavoz.
Las asociaciones firmantes exigen al Ejecutivo el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y proponen que se adopten medidas alternativas a la privación de libertad, tal y como contempla la Ley de Extranjería. Como ejemplo hablan de "verdaderos recursos de acogida que favorezcan la integración social". Exigencias que parecen lejos de cumplirse ya que este martes el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba que el Ejecutivo modificará la Ley de Extranjería para adaptarse a los nuevos plazos que contempla la Unión. El ministro también anunció que el Gobierno "reforzará y aumentará" la red de Centros de Internamiento con objeto de "mejorar la vida" de quienes están en ellos, así como que "no se modificarán las garantías existentes" en la actual legislación y se seguirán
respetando "escrupulosamente" los Derechos Humanos.
Un comportamiento, el del gobierno español, considerado incoherente por las asociaciones lanzaroteñas. José Morales no se explica cómo se ha podido crear un proyecto de normativa que contraviene el Tratado de Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sheikh Mousa Nying, representante de tres de las organizaciones firmantes, afirma que no pierden la esperanza de que la situación cambie, aunque el Ejecutivo se muestre a favor de la nueva directiva. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si no hacemos nada por supuesto que el gobierno no retrocederá", indica optimista. Para él, ya es todo un logro que el manifiesto lo firmen más de sesenta organizaciones de muy diversa índole.
Prueba de este inconformismo y para demostrar que no se rinden, las asociaciones han anunciado que convocarán marchas y concentraciones los días que el proyecto se debata en el Parlamento Europeo.
