Hace una semana a Miguel Ramírez, vecino de Argana Alta, un comunicado notarial le informaba de que tenía que abandonar su casa junto a su mujer e hijos en 15 días. La vivienda que habita fue cedida por la Iglesia de San Ginés hace unos 50 años a su familia porque se encontraba en situación de pobreza. Además de la de Ramírez hay otras seis viviendas de la calle Palacio Valdés que actualmente también se encuentran en la misma situación.
Ramírez ha procedido a denunciar tanto al párroco de la Iglesia de San Ginés, Antonio Perera, como al actual propietario del inmueble por presunta falsedad de documento público, ya que ambos suscribieron un contrato de compraventa en el que se establecía que la finca se encontraba libre de cargas y arrendamientos, salvo una reseña que hacía referencia a "un inmueble compuesto por varias viviendas en mal estado que actualmente están ocupadas".
Según los vecinos las viviendas sí que fueron arrendadas por el párroco de San Ginés en su día y datan de los años sesenta. Asimismo, afirman que sus casas se encuentran en buen estado, fruto de las reformas que han hecho los inquilinos. Por su parte, el párroco se defiende diciendo que "había una prestación de tipo temporal por su situación de pobreza y cuando la superasen, las viviendas debían volver a la Iglesia, lo que pasó fue que se fue dejando". De igual forma, según el párroco, en las viviendas sólo quedan dos personas de aquellas a las que la Iglesia entregó las casas y nunca ninguno de ellos ha pagado factura alguna de arrendamiento porque la Iglesia no se lo ha pedido.
Los vecinos tuvieron conocimiento de los propósitos de la Iglesia hace aproximadamente un año, cuando el párroco Antonio Perera, les advirtió de que la Diócesis de Canarias quería deshacerse del terreno en el que están sus casas y les explicó las posibilidades que tenían ante esta situación: entregarle el terreno a la Iglesia (porque le pertenece a esta Institución), comprarlo o entrar en negociaciones legales.
Ante las diferentes vías que se les ofrecieron "no se pronunciaron" afirma Perera y "se tomó la decisión de vendérselo a un tercero". Éste se debe hacer cargo de los inmuebles que hay en el terreno y dar una indemnización a aquellos que han habitado las casas desde el principio, dice el párroco. Por ello, se les costeará el alquiler de una casa a las dos personas que se encuentran en ese lugar.
Por su parte los vecinos afirman que no se tomaron aquella reunión en serio, ya que el párroco no tenía la documentación necesaria en su poder. Asimismo, Ramírez explica que se les pedían 10 millones de pesetas por cada vivienda, y que algunos vecinos no podían efectuar ese pago.
Finalmente, el inmueble lo adquirió el empresario, que se encuentra próximo a las casas. El vecino de la calle Palacio Valdés, afirma que desde la reunión mantenida con el párroco no habían recibido información alguna acerca de este asunto hasta que la semana pasada se les comunicó a través de un informe notarial el "inmediato desalojo y abandono de la vivienda".
