Cinco de los propietarios de las 133 fincas expropiadas por el Plan Parcial del Campo de Golf en Tías se querellaron contra la Junta de Compensación por considerar insuficiente los 4,70 euros por metro cuadrado establecidos como precio de tasación. El Jurado de Expropiación Forzosa ha resuelto elevar ese precio hasta los 35 euros, que sólo recibirán los cinco afectados que han interpuesto demanda. El resto, tendrá que cobrar el precio fijado en un principio.
Aunque el comité local del PIL se posicionó a favor de la construcción del campo de golf, considera ridícula la cantidad con la que se va a compensar a la mayoría de losexpropiados y piensa que el Ayuntamiento no ha hecho nada por conseguir un precio de tasación mayor.
El miembro del PIL en Tías, Manuel Cabrera, acusa al alcalde José Juan Cruz de ponerse a favor de los intereses de las empresas que construirán el campo de golf, en vez de intentar obtener más dinero para los vecinos expropiados. Cabrera asegura que el Ayuntamiento dio su visto bueno a los 4,70 euros por metros cuadrados que, según explica, fijaron los promotores del campo, a pesar de que se trata de una cantidad muy baja.
El representante del PIL en Tías afirma que ésta no es la manera de construir un campo de golf y dice que "la próxima vez que el alcalde haga un campo del golf, que pase por su casa", mostrando así su malestar.
Desde la Alcaldía, José Juan Cruz Saavedra asegura que el Ayuntamiento en ningún momento fijó el precio de adquisición de los terrenos, sino que fue la Junta de Compensación del Plan Parcial del campo de Golf quien lo hizo. Además afirma que ellos no dieron el visto bueno a ese precio y que ni siquiera es su cometido. "El papel del Consistorio en este caso se limitó a tramitar el expediente de expropiación, cumpliendo con lo que marca la Ley".
Cruz Saavedra entiende que el acuerdo entre los propietarios del suelo y los promotores del Plan Parcial, es una cuestión de "intereses particulares en la que nada tiene que ver el consistorio". El alcalde además ha explicado que no ha intervenido en ningún caso en la negociación para la adquisición del suelo y se ha limitado a remitir los expedientes de los cinco afectados descontentos al Jurado de Expropiación, cuyo dictamen será definitivo cuando sea aceptado por propietarios y promotoras.
