La causa penal por la construcción de la bodega Stratvs, del empresario Juan Francisco Rosa, alcanza ya los 18 imputados, cuatro de los cuales tendrán que declarar este mismo miércoles en los Juzgados de Arrecife. Esta causa va creciendo y entre las nuevas imputaciones, hay tres que afectan al Ayuntamiento de Yaiza.
En concreto, han sido llamados a declarar en calidad de imputados el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, un técnico y el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes. También ha sido imputado un técnico del Cabildo insular de Lanzarote. Antonio Lorenzo tendrá que declarar este miércoles a las 13.00 horas en los Juzgados de Arrecife. Previamente, declararán Vicente Bartolomé Fuentes y los dos técnicos imputados.
En esta causa están imputados técnicos y políticos que participaron en la concesión de los permisos al empresario Juan Francisco Rosa para realizar una obra que el Juzgado considera que nunca debió autorizarse, ya que se ubica en suelo rústico protegido y, además, ni siquiera se ajustó a lo que establecía la licencia.
Las últimas imputaciones que se conocieron afectaban a los ediles que en 2008 formaban parte de la Junta de Gobierno, como la propia alcaldesa, Gladys Acuña, o los concejales Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García. Todos ellos participaron en la concesión de la licencia de actividad a la bodega en el año 2008, cuando ya llevaba varios meses funcionando. Según la investigación, lo hicieron amparándose en un informe técnico favorable (firmado por el técnico que también ha sido imputado), pero sin contar con un informe jurídico.
Las imputaciones por la construcción de la bodega Stratvs han llegado también a técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, ya que el Ejecutivo regional también concedió a Juan Francisco Rosa la autorización para construir en suelo rústico (el equivalente a la actual calificación territorial).
Por este motivo ya declararon como imputados hace unos días el que era director de Política Territorial, Juan César Muñoz, así como Armando Vilacencio y el aparejador Rafael Pérez. Además, también declaró como imputado el que fuera jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Márquez.
Este martes, una comisión judicial inspeccionó la bodega y realizó varias catas geológicas para saber qué había bajo la construcción. También se trasladaron hasta esta instalación técnicos del Cabildo y agentes del Seprona.
