Liberación Canaria ha denunciado la situación del suministro en la isla tras registrarse dos averías en las plantas desaladoras Díaz Rijo y Janubio, las cuales "han dejado sin suministro a 17 localidades mientras los centros turísticos no han sufrido consecuencias". Desde la organización consideran que estos hechos ponen de manifiesto "el deterioro de unas infraestructuras esenciales, la insuficiencia de reservas estratégicas y la incapacidad de garantizar la continuidad del abastecimiento ante incidencias técnicas".
Para la formación, "resulta intolerable que una isla que genera tanta riqueza mediante el turismo y otras actividades económicas no pueda garantizar algo tan elemental como el suministro de agua a su población". En este sentido, señalan que los registros del ejercicio 2025 reflejan que "de los 31,83 millones de metros cúbicos de agua producidos, el 55,4 % no llegó a facturarse, una diferencia de 17,63 millones de metros cúbicos que incluye pérdidas y otros volúmenes no registrados".
Asimismo, apuntan que "unos 60.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento permanecen fuera de servicio desde 2014, mientras su recuperación continúa pendiente", advirtiendo de que, doce años después, la isla «sigue pagando las consecuencias de una planificación deficiente y de años de deterioro de su sistema hidráulico". Ante este escenario, recalcan que "la resolución del contrato con Canal Gestión y la recuperación de la gestión pública en junio de 2026 deben representar un cambio efectivo», asignando al Cabildo, al Consorcio del Agua y al Gobierno de Canarias la responsabilidad de «garantizar resultados, ejecutar inversiones y rendir cuentas".
Batería de ocho medidas urgentes
Frente a esta coyuntura, la formación demanda un paquete de intervenciones estructurado en ocho puntos:
Abastecimiento inmediato: "Activar recursos extraordinarios para las localidades afectadas, priorizando hogares vulnerables, centros sanitarios, educativos y actividades esenciales".
Auditoría técnica independiente: "Evaluar el estado de desaladoras, depósitos, redes de distribución e instalaciones eléctricas, identificando responsabilidades, deficiencias e inversiones pendientes".
Recuperación de reservas estratégicas: "Rehabilitar urgentemente los 60.000 metros cúbicos de almacenamiento fuera de servicio y ejecutar el depósito previsto en Zonzamas, estableciendo reservas suficientes para afrontar interrupciones prolongadas".
Reducción de pérdidas: "Implantar un programa extraordinario de renovación de conducciones, detección de fugas y modernización de la distribución, con objetivos verificables de reducción de pérdidas".
Seguridad energética: "Dotar a desaladoras y estaciones de bombeo de sistemas de respaldo eléctrico, mayor autonomía energética y protocolos de continuidad operativa".
Depuración y reutilización: "Aprovechar de forma segura el agua regenerada para usos agrícolas y otras actividades compatibles, reduciendo la presión sobre la producción de agua potable".
Límites al crecimiento: "Ninguna expansión turística o urbanística relevante debería autorizarse sin acreditar la disponibilidad de agua y la capacidad suficiente de saneamiento y depuración".
Financiación y transparencia: "Aprobar un plan plurianual de inversiones, con financiación garantizada, plazos de ejecución, responsables identificados y seguimiento público de los resultados".
Petición de comparecencia institucional
Liberación Canaria ha reclamado "al presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, y al Gobierno de Canarias una comparecencia pública conjunta para explicar el estado real del sistema hidráulico, las inversiones ejecutadas y los compromisos concretos para superar esta situación». Sostienen que «la emergencia hídrica no puede convertirse en la "excusa permanente para justificar la falta de soluciones estructurales".
Por último, concluyen que Lanzarote requiere un modelo vinculado a la «capacidad de carga territorial» que reinvierta parte del rendimiento económico en los servicios esenciales, insistiendo en que "no podemos seguir ampliando la presión turística, urbanística y demográfica sobre unas infraestructuras que ya muestran dificultades para atender las necesidades existentes» y remarcando que «el agua es un derecho" y que "garantizar su suministro es una obligación pública".
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