El grupo municipal de Lanzarote En Pie en el Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado que presentará una moción al próximo pleno de la corporación exigiendo al grupo de gobierno la revisión "inmediata" de la ordenanza que regula el funcionamiento del Centro de Protección Animal de Arrecife (CPA) "que vulnera de forma irresponsable la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad".
“En Lanzarote En Pie entendemos que la obligación del grupo de gobierno es la de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad”, señala su portavoz, Leticia Padilla.
Por otra parte, Lanzarote en Pie apunta que la Asociación Movimiento Argana Viva ya ha elevado esta denuncia a la Oficina del Diputado del Común. Y es que, como ya informó La Voz, este colectivo considera que el trato con animales puede llegar a ser una terapia para las personas con discapacidad y cree que las normas del Centro de Protección Animal de Arrecife son "una vulneración de su derecho a la integración social".
Para Lanzarote en Pie, "es absolutamente incomprensible el hecho de que las normas para el funcionamiento del voluntariado del Centro de Protección Animal (CPA) de Arrecife recojan en su punto primero, apartado d, que toda persona aspirante a voluntario/a del Centro de Protección Animal deberá aportar con la solicitud un certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida el desempeño de las funciones propias de una persona voluntaria que trabaje con animales abandonados en un centro de recogida de animales municipal”.
La formación onsidera que "la norma transgrede el objetivo de establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución".
Asimismo, indica que "la aprobación de las normas para el funcionamiento del voluntariado en el CPA, que se han redactado sin la participación de las asociaciones de defensa de los derechos de los animales, cuenta además con el agravante de que mientras la ley otorga a los ayuntamientos competencias en la regulación de las condiciones de accesibilidad aplicables en su término municipal, a través de las ordenanzas municipales con las que pueden concretar o ampliar la normativa emanada del Estado o de las Comunidades Autónomas, el de Arrecife las ha utilizado para limitar el derecho de las personas con discapacidad cuando su labor debería ser la de velar por los intereses de todos sus ciudadanos adoptando medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social del municipio".
Desde Lanzarote En Pie recuerdan las declaraciones de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en las que afirma que “la accesibilidad es una cuestión de derechos civiles, por lo que la ausencia de accesibilidad ha de considerarse como una violación de estos derechos, un acto antijurídico, un trato desigual discriminatorio prohibido por la Ley y por tanto perseguible”.
Por todo lo expuesto anteriormente, reitera esta "legítima demanda" a la alcaldesa de Arrecife, "para que ordene de inmediato la revisión de las normas redactadas por la Concejalía de Sanidad y aprobadas en Junta de Gobierno".
