Lanzarote En Pie (LEP) ha denunciado que el Ayuntamiento de Arrecife gastó apenas el 3,83% del presupuesto de Vivienda en 2025. Según los datos de liquidación presupuestaria, el área contó con 1,1 millones de euros, pero solo utilizó 43.932 euros, dejando sin usar la mayor parte de los fondos previstos para ayudas al alquiler y rehabilitación de viviendas.
Para Leticia Padilla, portavoz de LEP, "no estamos ante un simple problema administrativo, sino ante una posible negligencia de gestión. El Ayuntamiento diseñó un sistema que impedía acceder a las ayudas y lo mantuvo todo un año mientras dejaba fuera a muchas familias".
Solo 1.500 euros en ayudas al alquiler en todo 2025
Según la formación, de los 220.000 euros previstos para ayudas al alquiler, el Ayuntamiento apenas destinó 1.500 en todo 2025. La situación no fue muy distinta en rehabilitación de viviendas donde, de los más de 877.000 euros disponibles, solo se gastaron algo más de 42.000.
"Que en un año entero solo se hayan concedido 1.500 euros en ayudas al alquiler es una muestra de la incapacidad del gobierno municipal para responder a la realidad social de Arrecife", afirmó Padilla. Para la portavoz, "el problema no fue la falta de recursos sino la ausencia de un sistema capaz de transformarlos en ayudas reales". "No faltó dinero, faltó voluntad de resolver", sentenció.
Un sistema que "no funcionó"
Las condiciones exigidas para acceder a las ayudas resultaron, según LEP, “igual de problemáticas que la baja ejecución del presupuesto". Las bases aprobadas en 2025 limitaban el alquiler mensual a 600 euros e "imponían topes de ingresos muy estrictos, unos umbrales que, lejos de garantizar que las ayudas llegaran a quien más las necesitaba, dejaban fuera a muchas familias con dificultades reales".
A esto se sumaba un procedimiento lento, que podía alargar la respuesta durante meses, y unos requisitos documentales "pensados para una gestión ordinaria, no para atender una emergencia habitacional". "No se puede atender una emergencia habitacional con un modelo pensado para retrasar, baremar y bloquear. Cuando una familia no puede pagar su alquiler, la administración no puede responder seis meses después", señaló Padilla.
Responsabilidades y medidas urgentes
La reciente modificación de las bases y la revisión de los requisitos económicos confirman, para LEP, que el sistema aplicado en 2025 "no se ajustaba a la realidad del municipio".
La organización exige al grupo de gobierno que garantice que los cambios introducidos se traduzcan esta vez en ayudas reales y accesibles para las familias, con plazos de resolución razonables y un seguimiento público que certifique que las ayudas se están dando.
"La vivienda no puede seguir tratándose como un anuncio ni como una promesa aplazada. Hablamos del derecho de la gente a seguir viviendo dignamente en su ciudad. Gobernar también es cuidar, y cuidar empieza por garantizar que quien necesita ayuda la reciba", concluyó Padilla.
