La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo ha resuelto la suspensión cautelar del director de la Mutua General de Accidentes de Canarias, Norberto Cejas, y de su esposa, subdirectora de la misma entidad, por supuestas irregularidades al facturar a un entramado de empresas con vínculos familiares, según anunció este martes en Madrid el secretario de Estado, Octavio Granado.
Granado confirmó la entrada de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en las oficinas de la entidad en Santa Cruz de Tenerife. "Nos hubiese gustado que las cosas se hubieran hecho de otra manera, pero la situación en que evolucionaron las cosas nos obligó a ello", explicó el secretario de Estado, en alusión a la petición a la junta directiva de la Mutua de que tomase medidas con su director. En lugar de eso, los directivos presentaron alegaciones.
Según Octavio Granado, la investigación interna de la Seguridad Social se inició hace aproximadamente un año, en relación con el ejercicio de 2007, realizando la Intervención General de la Seguridad Social un informe especial y poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado, en lo que se refiere a las responsabilidades penales, y de la Audiencia de Cuentas, en cuanto a las económicas.
Según el informe de Intervención General, la mutua habría llevado a cabo gastos no autorizados por la administración", además de incumplir la normativa de incompatibilidades que la Ley establece para sus directivos y empleados, varios de los cuales formarían parte de un conjunto de empresas "cuya única finalidad era facturar" a la entidad aseguradora.
Aunque no dio muchos más datos señalando que se debía ser respetuoso con las actuaciones judiciales, Granado puso como ejemplo de las actividades irregulares detectadas el que todos los alquileres que realiza la Mutua "se concentran" en este entramado empresarial familiar y que en algún caso estas sociedades llegaron a constituirse el día antes de que se llevaran a cabo las facturaciones.
El 1 de Junio la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social se dirigió por escrito a la Junta Directiva de la Mutua resumiéndole los hechos investigados y el procedimiento seguido. Según Granado,tras cumplirse en este mes de septiembre el periodo prescrito, la secretaría de Estado estaba "a punto de tomar una resolución" cuando hoy se produjo, por orden judicial, el registro policial de las oficinas de la entidad.
Granado señaló que se ha dado a la Junta Directiva un plazo de quince días para que proponga un nuevo director y de 45 días para que presente un plan que subsane las irregularidades detectadas.
Asimismo quiso destacar que las prestaciones y servicios que viene prestando la Mutua y que afectan a unos 300.000 trabajadores "están garantizadas" y que la entidad proseguirá sus actividades "sin ningún accidente ni perturbación".
"La Seguridad Social sigue confiando en el papel que juega la Mutua en Canarias", dijo tras indicar que, durante todo el procedimiento, se ha tenido informados tanto a empresarios y sindicatos como al propio Gobierno regional.
En esta misma línea subrayó que la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social "ha hecho su trabajo" y que la actuación que tuvo lugar hoy "demuestra que funcionan los controles" establecidos para detectar estas irregularidades.
ACN Press
