La Asociación por la Defensa de la Legalidad y Garantías del Proceso Jiménez de Asúa, que lleva meses intentando personarse como acusación popular en varias piezas del caso Unión, ha irrumpido también en otro procedimiento, en este caso surgido del caso Yate. Se trata de la causa contra Felipe Fernández Camero por presunta malversación de caudales públicos, en la que la Fiscalía le pide 6 años de prisión por el "arbitrario expolio" de fondos públicos del Ayuntamiento de Yaiza.
Al igual que sucede con distintas piezas de Unión, la instrucción de este caso ya está también cerrada y la causa lista para ir a juicio, por lo que una nueva personación a estas alturas retrasaría el procedimiento. Además, la Fiscalía considera que esta asociación, supuestamente formada por abogados de Gran Canaria, ni siquiera se ha identificado debidamente y tampoco estaba constituida de forma oficial cuando apareció por primera vez pidiendo personarse en distintas causas. "Hay ocasiones en que el acusador popular es un caballo de Troya que entra en el proceso con la panza repleta de intereses bastardos", llegaba a plantear el fiscal Javier Ródenas (reproduciendo una frase del juez Javier Gómez de Liaño), en el escrito en el que se opuso a que se aceptara este "tardío" intento de personación en la pieza número 12 del caso Unión. En esa pieza también está acusado Camero, por su etapa como secretario de Arrecife.
En el caso Unión, la juez instructora terminó rechazando la entrada de esta asociación como acusación popular (ahora está pendiente de resolverse el recurso que presentó la asociación ante la Audiencia Provincial). Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en la otra causa en la que está imputado Camero, que tiene un origen distinto y se instruye en un Juzgado diferente. En ese caso, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife aceptó la personación, aunque condicionándola a que se ejerciera de forma conjunta con la otra acusación popular que ya era parte en el procedimiento. La propia la asociación de juristas ha recurrido esa decisión, pidiendo ejercer como una segunda acusación popular, que actué de forma independiente en la causa. Y también han recurrido la otra acusación y la Fiscalía, pero en este caso solicitando al juez que anule el auto y que rechace la personación.
Podría ser incluso "parte acusada"
Al igual que ocurrió en el caso Unión, la Fiscalía también habla aquí de graves defectos formales en la petición, incluyendo que la asociación ni siquiera estaba registrada como tal cuando solicitó personarse por primera vez (incluso, entre la primera y la última petición en el caso Unión cambió su nombre y hasta el del abogado que iba a representarla). Y pese a que algunos de los aspectos han sido resueltos, el fiscal insiste en que sigue sin constar la identidad de los miembros de la asociación.
Al respecto, subraya que en el derecho a ejercer la acusación popular se establecen límites para evitar "personaciones por motivos espurios, fraudulentos o meramente dilatorios". En cuanto a la necesidad de acreditar la identidad, el fiscal considera que es indispensable "a los efectos de justificar el interés legítimo y evitar el fraude procesal", para "descartar la eventual circunstancia de que, quien quiera actuar como acusación popular, ya sea parte acusada".
Como ejemplo, cita lo sucedido con el procedimiento 2758/2008 de la Audiencia Nacional, es decir, el caso Bárcenas, donde el Partido Popular se había personado como acusación popular y terminó siendo expulsado, tanto por el papel que estaba jugando en la causa como por el hecho de que podía terminar siendo responsable civil subsidiario de los hechos que se van a juzgar.
Vinculados también a la personación tardía en Stratvs
También la juez del caso Unión, además de advertir de otros defectos y faltas de "rigor" en la documentación presentada por esta asociación, insistía en que seguía sin conocerse la identidad de las personas que la integran y destacaba que esto es necesario para "poder descartar incompatibilidades o conflictos de intereses", que podrían darse, máxime cuando "la asociación está compuesta por letrados".
Además de los dos abogados que intentaron personarse en la pieza 12 de Unión, en nombre de la asociación de juristas ha intervenido otro, Juan David García Pazos, que es el mismo que llevó a personarse en el caso Stratvs a una asociación ecologista de Fuerteventura, cuando había concluido la instrucción. En ese caso, la propia asociación decidió finalmente retirarse del procedimiento y afirmó sentirse "engañada y utilizada" por este letrado, ya que cree que lo único que hizo fue "aportar ruido" y entorpecer la causa.
Se da la circunstancia de que este mismo abogado representó a uno de los principales acusados del caso Unión, Luis Lleó, al menos en una vista en la que se resolvió uno de sus recursos dentro de esa causa. Además, entre otras cosas, García Pazos es el abogado que defiende a Francisco Chavanel en la demanda que presentó el fiscal Ignacio Stampa contra este periodista por vulneración del derecho al honor. Stampa interpuso esta demanda por los "insultos" y "descalificaciones" que viene sufriendo por parte de Chavanel, precisamente por su participación como fiscal en el caso Stratvs y también en el caso Unión.
Motivos idénticos en causas distintas
En su último escrito pidiendo personarse en la pieza 12 del caso Unión, la asociación acabó alegando que le movía el "afán de actuar en beneficio de la legalidad y del principio de igualdad de cualquier ciudadano ante la ley, alterado presuntamente por los hechos de esta causa". Y exactamente la misma frase repitió para pedir personarse en la causa contra Camero. Sin embargo, ni en una ni en otra causa (que están en manos de jueces y de fiscales distintos) ha concretado "en qué se manifiesta tal alteración o falta de trato igualitario", tal como subrayó la juez de Unión y señala también en fiscal en el caso de la causa contra Fernández Camero.
Al margen de los nuevos retrasos que pudieran producirse de aceptarse ahora la personación de una nueva acusación en estos procedimientos, solo los escritos presentados hasta ahora ya están generando un trabajo adicional para los Juzgados y la propia Fiscalía. En el caso de la pieza 12 de Unión, el fiscal subrayaba que la asociación pretende que se le dé traslado de toda la causa, que tiene "58 tomos más anexos documentales más piezas de convicción", a la Audiencia Provincial, solo para que resuelva el recurso sobre si procede o no su personación. "Si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece", llegaba a afirmar la Fiscalía, que considera que no se puede esperar a que esta asociación "estudie una causa que jamás le interesó" y que "ni siquiera conoce, según sus propias palabras".
"Pretender esperar a subsanar graves defectos de personación en la causa que ya estaba cerrada en su instrucción y con las calificaciones presentadas y querer retirar el auto de apertura de juicio oral es querer que la instructora paralice sine die la tramitación procesal", sostenía el fiscal Javier Ródenas, que se preguntaba "¿cómo es posible que un procedimiento penal que ha gozado de una enorme difusión mediática (el caso "Unión") solo incentive a esta asociación a ejercitar la acción popular cuando ha concluido la fase instructora?"
Ahora, la Fiscalía teme que lo mismo pueda ocurrir también en el caso contra Fernández Camero, por lo que ya ha recurrido esa personación, sobre la que debe pronunciarse de nuevo el juez instructor.
