El Ministerio Fiscal ha presentado ya su escrito de acusación en una pieza separada del caso Yate, en la que pide 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para el principal acusado, el abogado Felipe Fernández Camero, por el "arbitrario expolio de fondos públicos" del Ayuntamiento de Yaiza. Según el escrito del fiscal Ignacio Stampa, Camero cobró cerca de un millón de euros del Consistorio al margen de la ley, ya que no consta ni su contratación legal ni los servicios prestados para justificar esos pagos.
Junto al abogado, en esta pieza están acusados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para el que la Fiscalía pide 6 años más de prisión y diez años de inhabilitación; el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, para el que pide también seis años de cárcel y diez de inhabilitación; y el funcionario Antonio Fernández Martín, que durante un periodo en el que se produjeron los hechos actuó como secretario-interventor de Yaiza. Para él, la Fiscalía pide 5 años y medio de cárcel y 9 años de inhabilitación.
Además, el fiscal reclama que todos ellos sean condenados a abonar importantes sumas en concepto de responsabilidad civil, para devolver al Consistorio el dinero presuntamente malversado. Concretamente, reclama que los acusados indemnicen "conjunta y solidariamente" al Ayuntamiento de Yaiza con 842.721,28 euros en el caso de Reyes, 726.260,56 euros en el caso de Bartolomé Fuentes y 115.742,63 euros en el de Fernández Martín. Por su parte, a Fernández Camero le reclama una indemnización de 970.752,28 euros. De esa cantidad, será "responsable civil subsidiaria la mercantil Adelfas 24 SL en la cuantía de 311.727,63 euros", ya que parte del dinero lo facturó a través de esa empresa.
A los cuatro les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación (en el caso de Fernández Camero, como inductor). Además, Fernández Martín deberá responder por un delito de falsedad en documento oficial y Felipe Fernández Camero por otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Un giro en la investigación
Durante la instrucción del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, el abogado Felipe Fernández Camero llegó a estar imputado ya que la Fiscalía consideraba que actuó como el cerebro de la presunta trama delictiva.
Sin embargo, finalmente el propio fiscal pidió archivar la imputación contra él, porque aunque entendía que había indicios, no estaba suficientemente acreditado que Camero fuera el asesor de Reyes y del Ayuntamiento para conocer esos permisos en contra de la normativa. Sin embargo, precisamente por eso, el fiscal pidió entonces abrir una nueva pieza contra Camero por malversación. Y es que si no había pruebas documentales de su asesoramiento al Consistorio, entendía que tampoco había justificación para los pagos mensuales que recibió durante años del Ayuntamiento.
Además de en este procedimiento, Felipe Fernández Camero está imputado y llegó incluso a ser detenido en el caso Unión. En una pieza de esa causa, que continúa en fase de instrucción, se le investiga por su etapa como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, concretamente durante la etapa de María Isabel Déniz en la Alcaldía.
