La juez María Jesús Hernández Elvira, que tomó recientemente las riendas del caso "Unión", ha levantado el secreto de sumario sobre la última gran pieza de la causa, centrada principalmente en la empresa Urbaser. En total, en esta pieza hay 17 imputados, entre los que se encuentran ex cargos públicos, técnicos y empresarios.
Esta pieza, surgida de una segunda fase del caso "Unión" y bautizada como Operación "Jable", dejó en su momento la detención de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que actualmente están en libertad con cargos.
Además de ellos, en esta pieza está imputado el líder histórico del PIL, Dimas Martín, el que fuera su mano derecha en el partido, Matías Curbelo, y el entonces consejero del PSOE, Miguel Ángel Leal. Tal como en su momento publicó La Voz de Lanzarote, Matías Curbelo llegó a confesar en los Juzgados que él mismo había recogido personalmente uno de los "sobres" de Urbaser. Según su declaración, la empresa "pagó una comisión ilegal de entre 25 y 50 millones de pesetas (entre 150.000 y 300.000 euros) por la adjudicación del contrato de la limpieza con el Ayuntamiento de Arrecife", y aseguró que se la repartieron entre María Isabel Déniz y Dimas Martín. Además, señaló también a Miguel Ángel Leal, a quien supuestamente fue a parar uno de los sobres.
Jacinto Álvarez también confesó
Según el auto de la juez, el entonces gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, también confesó tras su detención el pago de esos sobornos, y aportó distintos nombres. Además, durante la operación policial, la UCO encontró una agenda donde Jacinto Álvarez había ido apuntando los presuntos "regalos" y entregas de dinero en metálico a distintos políticos. Junto al ex gerente en Lanzarote, están imputados en la causa otros directivos de la empresa en Madrid, que también fueron detenidos en su momento: Francisco José Martínez, Stephan Jean Valverde, Santiago Alonso Herreros y Manuel Andrés Martínez.
Otro de los principales imputados en esta pieza es el que fuera jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, acusado de beneficiar desde su cargo en el Ayuntamiento a Urbaser y a otras empresas, a cambio de presuntos sobornos. En su auto, la juez también sostiene que Arrocha pudo utilizar tres empresas (Gamma Instal, Proyectos Gamma 3 e Infraestructuras Cascosa), a nombre de terceras personas, con las que supuestamente estaba asociado, para poder cobrar del Ayuntamiento de Arrecife. Así, junto a Arrocha están imputadas cuatro personas vinculadas a esas empresas: Manuel Spínola (que a su vez trabaja en el Cabildo), Julio Romero, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo.
A ellos se suman otras dos personas. El empresario Francisco Armas, al que el auto señala como administrador de Fomento Construcciones y Contratas, y Marco Aurelio Hernández, como encargado de obras de la misma empresa. La juez entiende que FCC también recibió un trato de favor del Ayuntamiento, con adjudicaciones de importantes obras como el polideportivo de Argana Alta, a cambio de presuntos sobornos, algunos de ellos en forma de regalos, tanto a la ex alcaldesa como a Rafael Arrocha.
