La juez del caso "Montecarlo", Aurora García, ha accedido a suspender la declaración del ex concejal Lorenzo Lemaur, que este lunes había sido citado en calidad de imputado. Tanto él como el trabajador municipal Blas Cedrés, también imputado en la causa, han solicitado este lunes un abogado de oficio, y han pedido más tiempo para que su letrado pueda estudiar el caso.
Además de Lemaur y Cedrés, este martes estaba citado también a declarar el ex alcalde, Cándido Reguera, pero su citación también se ha aplazado. En esta ocasión, Reguera debe responder de otra de las piezas de Montecarlo en las que está imputado, y que investiga pagos a la empresa Tunera Producciones por servicios presuntamente no prestados.
Ahora se fijará una nueva fecha para estas declaraciones, aunque se realizarán ya ante un nuevo juez, ya que Aurora García dejará este Juzgado a finales de esta semana para marcharse a un nuevo destino en Sevilla.
A la técnico no le consta la contratación ni la ejecución del proyecto
Varios técnicos del Ayuntamiento han declarado ya como testigos dentro de esta pieza del caso Montecarlo, que investiga tres facturas abonadas a Tunera Producciones. Dos de esas facturas fueron autorizadas por Lorenzo Lemaur, por importe de 15.461 euros cada una, y una tercera estaba avalada directamente por el entonces alcalde, Cándido Reguera, y ascendía a 63.000 euros. En los tres casos, se cargaban a un supuesto "Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife".
En su declaración, la técnico responsable de las áreas que ostentaba Lemaur declaró que no le constaba cómo se contrató ese proyecto ni que se llegara a ejecutar. Al respecto, explicó que cuando Tunera presentó esta propuesta, en noviembre de 2010, Lemaur le "solicitó ayuda para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas, porque el servicio de contratación era muy estricto, en el sentido de que hubiera algún técnico que hubiera supervisado el pliego".
Tras cumplir este encargo, la técnico comunicó al concejal que "la adjudicación debía tramitarse como un procedimiento negociado" y que "debía invitarse a otras dos empresas", ya que el contrato superaba los 18.000 euros. Sin embargo, según declaró en los Juzgados, no le consta que después "se hicieran las invitaciones, ni que se celebrara el contrato, ni que se ejecutara el servicio".
Y todo ello, pese a que le hicieron figurar a ella como la encargada del contrato. "Entiendo que fue porque necesitaba un técnico", explicó en su declaración, en la que insistió en que ella se limitó a hacer el pliego de prescripciones técnicas, y después no volvió a saber nada más, por lo que entendía que el contrato ni llegó a firmarse.
Además, la primera de las dos facturas abonadas por Lemaur correspondía al pago del desarrollo del proyecto entre los meses de octubre de 2010 y enero de 2011. Es decir, se pagaba incluso un mes en el que el supuesto proyecto ni siquiera se había presentado aún en el Consistorio.
Un "error" en el nombre de la firma
Ni en la factura firmada por Reguera ni en las dos de Lorenzo Lemaur aparece la firma de la técnico del área, que asegura desconocer todo lo relativo al proyecto de Tunera. En la primera factura, junto a Cándido Reguera firma como técnico Miguel Ángel Leal, adscrito al área de Turismo.
En las otras dos facturas, junto al nombre de Lemaur aparece el de Emilia Perdomo, que en esa época era miembro del grupo de gobierno, aunque la firma no se corresponde con la suya. De hecho, el Ayuntamiento tuvo que aclarar después al Juzgado que quien realmente firmó esas facturas fue un trabajador del área de Barrios, Blas Cedrés, y que por "error" se agregó debajo el nombre de Emilia Perdomo.
Tras recibir esa aclaración, la Fiscalía pidió la citación de Blas Cedrés como imputado, y se suspendió la solicitud de imputación contra Emilia Perdomo.
