La inteventora del Consorcio del Agua de Lanzarote, que renunció a su cargo antes de su inminente cese por parte del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, aseguró en sus informes que los acuerdos para pagar a los acreedores de Inalsa "atentan contra los intereses" de la primera institución. El PP ha hecho públicos los informes, donde la interventora señala que los acuerdos del Consorcio para pagar esta deuda son "nulos de pleno derecho".
En uno de ellos, fechado el 11 de junio, la interventora analiza el acuerdo a través del cual el Consorcio de Lanzarote paga en nombre de Inalsa los créditos reconocidos en el informe definitivo de la administración concursal, "menos una quita del 18,16 por ciento". En concreto, pagará en nombre de Inalsa la cantidad de 35.556.654,88 euros "si acepta la quita el crédito privilegiado" o 36.253.690 "si no lo acepta". Como forma de pago, según este acuerdo, el Consorcio de Lanzarote cede a los acreedores de Inalsa el crédito que ostenta frente al Canal de Isabel II Gestión S.A. desde el segundo año.
El Consorcio también acordó que se satisfagan los créditos del resto de acreedores y la "no exigibilidad del mismo hasta que no se acuerde su exigibilidad por la asamblea". Precisamente sobre este acuerdo, la interventora señala que "atenta contra los intereses del Cabildo, ya que el derecho a la exigibilidad de los créditos ya viene estipulado por el propio concurso de acreedores". Por tanto, según su parecer, esto "agravaría la situación, ya que el Consorcio ostenta un derecho de cobro frente a Inalsa de 17 millones de euros".
La interventora manifestó que la empresa Insular de Aguas de Lanzarote S.A. "no sólo se encuentra en concurso necesario de acreedores, sino que no constan garantías suficientes de pago, por lo que en realidad lo que se está formulando es una aportación a financiar las pérdidas acumuladas". Y ante esto, afirmó en su informe que los acuerdos adoptados eran "nulos de pleno derecho".
En este sentido, la interventora manifestó que de los acuerdos formulados también "se plantea una cesión o transmisión de derechos, supuesto que para este caso la ley no contempla".
Por todo ello, aseguró que no cabe la fórmula de préstamo, tampoco la cesión o transmisión de derechos futuros ni la compensación e insistió en que tampoco es el momento procesal "oportuno" para realizar una aportación para financiar pérdidas acumuladas, "ya que en su momento no se tomaron las medidas oportunas". Así, la interventora informa de forma negativa, formulando este "reparo de legalidad".
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