El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso de apelación presentado por Juan Francisco Rosa, a través de sus empresas Hotel Princesa Yaiza, S.A. y Salmepa, S.L., contra la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Arrecife para la rehabilitación y ampliación de la "Casa Lorenzo", situada en La Plazuela, en la que se encuentran, entre otras dependencias de diferente propiedad, la Sala José Saramago perteneciente a la Fundación César Manrique (FCM).
Así, los tribunales rechazan por segunda vez la demanda de Rosa, condenándole además al pago de las costas procesales. La sentencia, que ya es firme, ha sido hecha pública por la propia FCM, que ha salido a denunciar los "fines espurios que Juan Francisco Rosa perseguía con esta denuncia: perjudicar públicamente a la FCM y, en última instancia, intimidarla para torcer su voluntad de contribuir al control del crecimiento del parque alojativo turístico en Lanzarote, con la ejecución de las sentencias de sus hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, declarados ilegales por los tribunales".
La Fundación sostiene que "desde el principio, el denunciante era conocedor de que la FCM no había tramitado licenciaalgunaparalaCasaLorenzo deLaPlazuela", ya que quien lo hizo fue "unterceroadquiriente de buena fe, que compró a la propiedad una parte del edificio". No obstante, insiste la FCM, "Juan Francisco Rosa persistió en su empeño de hacer daño y crear sombras de dudas, significándose entre todos los empresarios concernidos por el problema de las licencias turísticas ilegales de la isla".
Además, señala que Rosa ya inició este comportamiento "hace años, denunciando en la APMUN y personándose en el Ayuntamiento de Teguise, mediante escrito, para manifestarse contra cualquier eventual procedimiento de legalización del taller próximo a la Casa de las Cúpulas (nunca emprendido por la FCM, por otra parte), con sentencia firme de anulación de licencia, tras haber sido declarado proyecto cultural de utilidad pública por el Gobierno de Canarias".
Un promotor "caracterizado por la acumulación de ilegalidades"
Según subraya la Fundación, "resulta especialmente paradójico y grotesco que un promotor turístico, alejado de la pulcritud urbanística, caracterizado, en este sentido, por la acumulación de ilegalidades (ha obtenido sentencias firmes de anulación de licencias de tres de sus hoteles: Aparthotel Fariones, Hotel Princesa Yaiza y Hotel Son Bou, y ha construido, además, su bodega Stratus en un paisaje natural protegido, habiéndose beneficiado de una autorización "especial" del Gobierno de Canarias, mientras otros bodegueros de la zona no han recibido ese trato singular) ejerza la acción pública urbanística para perseguir lapresuntailegalidadde unedificiocomolaCasaLorenzo,consentenciafirmedel Tribunal Supremo, que autorizaba a la propiedad a demoler la casa preexistente en el solar sobre el que se alzó la nueva construcción. Y hacerlo solamente por el hecho de que la FCM fuera propietaria de parte de los locales y a sabiendas del daño económico ypersonal que iba a causar a la familia Lorenzo".
La Fundación considera que "este comportamiento desmedido y desafiante, con el que probablemente se aspira a consolidar un estado de excepcionalidad legal, administrativa y de intimidación en torno a sus intereses, constituye un indudable elemento de crispación insular que ha entorpecido yobstaculizaafrontarrazonablementeproblemasrelevantesparalasociedad, la economía y el prestigio de la isla de Lanzarote". Algo que, en opinión del a FCM, "sería deseable reconducir sobre la base de una lógica de tolerancia, reglas compartidas y respeto a la diversidad de roles que se ponen en juego en las sociedades democráticas contemporáneas".
