El ex viceconsejero de Justicia de Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel. Ésa es la pena que solicita la Fiscalía, que ya ha presentado el escrito de acusación sobre esta pieza del caso "Unión", que investiga el pago de facturas por trabajos supuestamente no prestados.
Además, según ha publicado la agencia Europa Press, la Fiscalía pide seis años de cárcel para el líder histórico del PIL, Dimas Martín, acusado de influir sobre los cargos públicos de su partido para que abonaran esas facturas "fraudulentas" desde el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública de aguas Inalsa.
Siempre según Europa Press, la Fiscalía acusa a Dimas y a Batllori de dos delitos de fraude (uno por cada institución que abonó esas facturas), en concurso con los delitos de malversación y prevaricación. En total, pide seis años de cárcel para ellos (tres por cada uno de esos dos delitos). Además, para Batllori solicita otros dos años de prisión más, por otro presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Según la Fiscalía, Inalsa y Arrecife pagaron facturas a Rodríguez Batllori, cuando en realidad no había prestado esos supuestos servicios. De hecho, la investigación realizada por la UCO sostenía que, en realidad, lo que se estaba abonando con dinero público eran los servicios privados prestados a Dimas por Batllori, en su condición de abogado.
Junto a ellos, también continúan acusados en esta causa el ex concejal de Hacienda de Arrecife por el PIL, José Miguel Rodríguez, que confesó los hechos; la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; la ex consejera Delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea, aunque hasta el momento no ha trascendido la pena que se solicita para ellos.
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[Dimas tenía en su celda una factura que Batllori pretendía cargar a Arrecife: "J.M.R. me dijo que ésta querías desviarla por otro sitio"->72243]
