Roxana lleva viviendo en la urbanización La Velilla desde el pasado mes de febrero. Ella es inquilina de la casa y desconocía, tanto la sentencia del Juzgado de Las Palmas, que ha ordenado la anulación del proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, zona en la que la joven reside, como que el Plan haya seguido adelante sin contar con los permisos oportunos. Roxana afirma que la dueña de la vivienda tampoco sabe nada. "Qué barbaridad. Yo lo siento por los propietarios", afirma. Otra vecina de origen francés, también inquilina, pregunta a La Voz "¿y ahora a dónde voy? ¿Hasta dónde llega el Plan Parcial?". Ella llamó por teléfono a la dueña para preguntar si la vivienda era legal o ilegal "y me dijo que todo era legal porque hay agua y luz".
Muchos vecinos mantienen que, cuando preguntan por qué hay tantas obras paradas en el Plan, les responden que "por la crisis". Un vecino de Euskadi, que viene de forma habitual a la isla de los años 80, decidió comprarse una vivienda en el Plan Parcial el año pasado. "Si llego a saber esto no la compro" se lamenta. "Me han hipotecado la vida. Si yo quiero vender ahora mi casa, moralmente no puedo", añade. Él afirma que los promotores "han actuado de mala fe con nosotros", porque a él tampoco le dijeron nada sobre los pleitos que existían contra el Plan. El mes que viene tiene previsto reunirse con la alcaldesa para ver qué pueden hacer.
"¿Me estás diciendo que me van a quitar mi casa?". Así de indignada recibía Esther la noticia de la sentencia judicial . Ella y su novio Abel, gallegos, llevan viviendo en la isla "muchos años". En mayo de 2006 se decidían a comprar un chalet en la urbanización La Velilla, ubicada en el polémico Plan. "El notario me dijo que todo estaba bien", explica. Nadie les avisó de que el Gobierno de Canarias, a finales de 2002, había recurrido el Plan o de que el Cabildo y la FCM se encontraban en pleitos, con las empresas promotoras de las viviendas (compradoras del suelo) y con el Ayuntamiento de Yaiza, entonces regido por José Francisco Reyes.
Esther y Abel desconocían que, según las Leyes de Medidas Urgentes de 2001 y la de Directrices del Gobierno de Canarias, el Plan se encontraba extinguido, y por tanto, desde junio de 2001, no se podía urbanizar en la zona. Según fuentes jurídicas, "ese suelo no es edificable y por tanto, todo lo que se construya es ilegal e ilegalizable". Esto significa que las viviendas podrían llegar a demolerse si se estiman los recursos contra las licencias de obras que han sido interpuestos por el Cabildo, tal y como vienen advirtiendo los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, al ordenar Medidas Cautelares de suspensión de licencias de obras en esos procedimientos. A esto se suma la reciente Sentencia del Juzgado nº1 que ha anulado toda la urbanización, y cuya confirmación por el Tribunal Superior de Justicia en el recurso de apelación que han anunciado los promotores, también arrastraría la anulación de todas las licencias.
Para Carlos Espino, consejero de Presidencia y Centros de Arte, Cultura y Turismo, la situación está muy clara: "No podemos pensar que aquí hay gente que juega a la ruleta rusa con la ley. Si les sale bien, ganan una fortuna y si les sale mal, está la administración para ampararles en sus responsabilidad. Ya está bien." Pero para Esther, la situación no está tan clara. Impotente, no entiende cómo su casa puede ser ilegal si cuenta con la licencia de primera ocupación de la vivienda, la cédula de habitabilidad y las escrituras. Lo mismo opina otra pareja de la misma urbanización. "Estas casas son legales porque tenemos todos los papeles en regla", afirma el joven. "Si llego a saber todo esto, no compro la casa", se lamenta. Pero a ellos, como al resto de vecinos preguntados por La Voz, nadie les dijo que la casa con la que tanto soñaban se asentaba en un Plan extinguido y que tanto la urbanización como las licencias que autorizaron su construcción estaban recurridas en los tribunales.
"¿Van a demolerlo todo?"
El Cabildo, como máximo órgano de la isla en materia urbanística, cuando supo que en diciembre de 2003, el Ayuntamiento de Yaiza había autorizado el proyecto de urbanización del polémico Plan Parcial (actuación previa y necesaria para transformar el suelo en urbano y poder edificarlo), requirió al alcalde que lo anulara. En ese momento, José Francisco Reyes puso en conocimiento de los promotores el requerimiento del Cabildo, pero tanto ellos como el primer edil, decidieron seguir adelante con el proyecto a pesar de las advertencias de la primera corporación. La reacción del Cabildo no se hizo esperar y demandó tanto al Ayuntamiento como a los promotores, advirtiéndoles además, que no sólo impugnaría el proyecto de urbanización sino que también recurriría todas las licencias que se dieran en ese Plan Parcial. La misma actitud tomó la Fundación César Manrique, al conocer por los medios de comunicación que el alcalde de Yaiza había autorizado el inicio de la urbanización en ese Plan.
Pese a estos recursos, en enero de 2004 comienza la urbanización del Plan Parcial y en 2005, el alcalde de Yaiza empieza a conceder licencias para edificar. Por eso ahora, los vecinos, con la licencia en la mano, no se explican que sus casas sean consideradas "ilegales". "¿Y ahora qué van a hacer, demolerlo todo? Es imposible", declara uno de ellos, un abogado vizcaíno que prefiere ocultar su identidad. "Aquí ahora mismo tenemos casa 500 vecinos, indefensos, que nos fiamos de esto porque había licencias", se queja. Él es una de las pocas personas de la zona que conocía la sentencia del Juzgado de Las Palmas, anulando el proyecto de urbanización. "La gente no sabe nada. Bastantes problemas tienen con trabajar y pagar la hipoteca", declara. Él está convencido de que todo se arreglará, en tres o cuatro años, "cuando el Plan se apruebe dentro del Plan General de Yaiza". Según él, el Cabildo debería llegar a un acuerdo "con los compradores de buena fe y cerrar el grifo a las casas que quedan por construir". Las medidas cautelares que llegan ahora, suspendiendo las licencias de obras y ordenando la anotación en el Registro de los recursos a su juicio, "deberían haber llegado mucho antes".
Ahora, todos los vecinos tendrán que esperar a que la Justicia se pronuncie de forma definitiva ya que la sentencia del Juzgado de Las Palmas es apelable. Antes de que esto se conozca, está previsto que el Tribunal Superior de Justicia dice sentencia respecto al recurso presentado por el Cabildo contra el proyecto de urbanización y todo el Plan Parcial en el año 2004.
Gladys Acuña: "Si los vecinos quieren una responsabilidad personal del anterior alcalde, tendrán que ir por la vía penal"
"La demolición es el último cartucho a quemar y espero que el Cabildo esté en la misma senda. Creo que existen otras líneas de legalización como puede ser el Plan General, o llegar a un consenso con el Cabildo". Gladys Acuña trata de tranquilizar así a los cientos de vecinos que viven en el Plan Parcial Playa Blanca. Desde que ella regenta la alcaldía del municipio (tras prosperar una moción de censura contra José Francisco Reyes el pasado mes de febrero) "no se ha concedido ni una sola licencia" para edificar en ese suelo. Cédulas de habitabilidad sí, porque son trámites distintos "¿y en base a qué deniegas la concesión de una cédula si la licencia entregada previamente no ha sido declarada todavía ilegal?", se pregunta.
Según fuentes jurídicas, los vecinos pueden pedir daños y perjuicios a las promotoras que, sabiendo la situación litigiosa en que se encontraba el Plan Parcial y los recursos que se habían puesto contra las licencias de obras, no les advirtieron de ello al hacer la compraventa, pero también al Ayuntamiento, que concedió las licencias "Si los vecinos eligen la vía Contencioso-Administrativa, irán contra el Ayuntamiento, pero si quieren una responsabilidad personal del anterior alcalde, tendrán que ir por la vía penal", añade la alcaldesa. Ella mantiene que el acto administrativo quien lo dicta es una persona, que representa a una institución, y "ahora llega nuestro equipo de gobierno aquí y nos encontramos con esto". De hecho, en estos momentos, el Ayuntamiento no podría hacer frente a las indemnizaciones que podrían llegar a solicitar los vecinos. "Es imposible", señala Gladys Acuña, aunque admite que si finalmente el Consistorio resultara condenado, "nos haremos cargo, de alguna manera".
En cualquier caso, su posición es la de "seguir trabajando en la senda de legalizar todas y cada una de las construcciones de nuestro municipio que están inmersas en pleitos y salvaguardar los derechos de los adquirientes de buena fe". Y ella espera que la presidenta del Cabildo siga la misma línea.
Las promotoras tienen "la conciencia tranquila"
Para los promotores "es un hecho" que compraron el terreno "con una licencia de urbanización, con una licencia de edificación y con una cédula urbanística que concede el Ayuntamiento de Yaiza". Además, afirman que "el Plan Parcial cuenta con el aval principal del Plan Insular que hoy está vigente". En cuanto a la sentencia que anula el proyecto de urbanización, que van a apelar, los promotores afirman que el argumento relativo a los plazos es meramente "formal", y que "la mayoría de la edificación de toda Lanzarote estaría en la misma situación". Respecto a la desclasificación de la Ley de Medidas Urgentes de la moratoria de ese suelo, que también arguye la sentencia, los promotores tienen su propia versión. Según ellos, la ley posterior, de Directrices, obligaba a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural a elaborar un informe sobre los suelos desclasificados. "A nosotros nos llamó la agencia y nos dijo que nos encontrábamos en esa lista. En ese momento hicimos todas las alegaciones pertinentes y conseguimos salir de ese listado, que después se envió al Parlamento". Por eso, los promotores mantienen que cuentan con el "aval" del Gobierno de Canarias, aunque el Ejecutivo autonómico recurrió el Plan a finales de 2002.
En cuanto a los vecinos, los propietarios del suelo confirman que han recibido varias llamadas de ellos interesándose por la situación actual "pero las promotoras tiene la conciencia muy tranquila y defenderán donde sea que cuentan con todos los permisos". Si tuvieran alguna responsabilidad, las promotoras la asumirán pero también se la exigirán "al Ayuntamiento de Yaiza y al Gobierno de Canarias". La Justicia, por su parte, sigue suspendiendo obras en este Plan Parcial. Estos días se conocía una [quinta suspensión judicial->http://www.lavozdelanzarote.com/spip.php?article19644] de licencia que afecta a un conjunto de 13 viviendas en la parcela 7ª.
