La Cámara de Comercio de Lanzarote ha solicitado este martes que se anulen las ponencias de valores catastrales en los municipios de Arrecife, Tías y Haría y que se realicen nuevas ponencias acordes a la realidad del mercado, ya que sostienen que los valores actuales son "contrarios a la legislación vigente".
En una rueda de prensa, los empresarios han reclamado que "se tomen medidas sin más dilación y sin esperar a que se emita el nuevo recibo del IBI", "que los ayuntamientos no apliquen aún la ponencia de valores nueva y emitan los recibos aplicando la ponencia antigua" y "que nuestros representantes políticos municipales, así como quienes nos representan en el Congreso de los Diputados y en el Senado de la nación realicen todas las gestiones necesarias para conseguir una solución concreta y rápida para este problema, que sea satisfactoria para todos los ciudadanos".
Desde la Cámara de Comercio recuerdan que en el año 2007, durante la tramitación de la aprobación de la ponencia de valores catastrales de estos tres municipios, "los ayuntamientos no aprovecharon su periodo de alegaciones para objetar sobre errores detectados". Además, critican que el periodo de exposición pública tras la publicación de la ponencia en el Boletín Oficial de la Provincia fue "insuficiente por la densidad del contenido y además se expone en Las Palmas, no en Lanzarote".
Por otra parte, critican que se "incumplió la Ley de Catastro, ya que no se hicieron los dos intentos de notificaciones individuales previos a proceder a notificar a los fallidos a través del Boletín Oficial".
Desde que las nuevas ponencias entraron en vigor, la Cámara sostiene que ha mantenido diversas reuniones intentando que se corrigiera esta situación. Entre otras cosas, solicitó a los ayuntamientos implicados, "como medida provisional e inmediata, la bajada del tipo de gravamen aplicable al valor catastral y que exijan a la Dirección General del Catastro que corrija los graves errores detectados en la ponencia, en lo referente a los valores asignados muy superiores a los previstos en la legislación vigente".
Así, subrayan que los consistorios "han ido adoptando los acuerdos necesarios para bajar los tipos de gravamen del IBI para atenuar los efectos de la nueva ponencia". Sin embargo, según afirman desde la Cámara, "casi un año después de haber comenzado a realizar gestiones, se sigue la ronda de contactos con los municipios para ver las medidas que adoptan, pero no se ha logrado que la Dirección General del Catastro acceda a la revisión de la ponencia, única vía para solucionar definitivamente el problema", ni éste órgano ha dado contestación "a las solicitudes de mantener una reunión".
Además de volver a denunciar públicamente las irregularidades que consideran que se han cometido, desde la Cámara también señalan que "se debe tener en cuenta que el problema que se plantea con estos valores catastrales, que en muchos casos duplican y triplican los valores que deberían tener, no es solamente el importe que se paga sobre la Contribución urbana (IBI), sino que tiene repercusión directa en infinidad de impuestos y tasas que tienen como referencia el valor catastral. Hasta la propia administración municipal se ve perjudicada y, por extensión, los ciudadanos de estos municipios, debido a que a la hora de pagar expropiaciones de suelo para uso público, el valor de referencia es igualmente el valor catastral".
