El coordinador de Izquierda Unida en Lanzarote, Jorge Peñas, ha calificado el inminente traslado y el consecuente cierre del Hospital Insular como una "claudicación inaceptable ante los intereses privados", así como "un ataque frontal a los derechos fundamentales de la ciudadanía lanzaroteña", en especial, a la población de la tercera edad.
En un comunicado difundido este miércoles, Izquierda Unida Canarias ha defendido que este centro cuenta con una trayectoria de 75 años de servicio ininterrumpido en la atención a los mayores, constituyendo "un patrimonio social y sanitario insustituible". La formación política ha resaltado que el pacto de Gobierno en el Cabildo de Lanzarote, dirigido por Coalición Canaria y el Partido Popular, "pretende desmantelar" este espacio único en Canarias "sin ofrecer alternativas viables ni garantías de continuidad pública".
La formación ha indicado que esta maniobra está dentro de "la agenda de privatización y mercantilización" de los servicios públicos que Coalición Canaria y el Partido Popular desarrollan de manera sistemática en las islas. "Detrás de la inacción administrativa y de la falta de conservación del edificio se atisba un interés puramente mercantilista", ha mantenido. Al tiempo en que desde la organización progresista se ha señalado directamente al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y al consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, como "cómplices políticos de una estrategia orientada a degradar el hospital público para, posteriormente, justificar la externalización de la asistencia sociosanitaria hacia corporaciones privadas".
La recogida de firmas para Salvar el Hospital Insular de Lanzarote ha alcanzado ya las 14.600 firmas.
Denuncia "una estrategia de abandono institucional"
Desde la perspectiva de IUC, la decisión de trasladar el servicio de Geriatría a un módulo anexo dentro del Hospital General Dr. José Molina Orosa -conocido popularmente como "el hospitalito"- "no responde a una planificación asistencial rigurosa, sino a una estrategia deliberada de abandono y deterioro institucional".
La formación política ha señalado que a pesar de que la Consejería de Sanidad defiende el traslado "amparándose en deficiencias estructurales de seguridad" en el centenario edificio de Arrecife, la realidad es que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente ejercicio "no contempla ninguna partida económica específica ni proyecto técnico definido para la rehabilitación del inmueble original".
"Esta ausencia de ficha financiera revela que la supuesta provisionalidad de la medida es, en la práctica, un cierre definitivo que dejará morir el único hospital geriátrico especializado de toda Canarias", ha mantenido el partido.
El modelo de cuidados del Hospital Insular frente al desmantelamiento sociosanitario
La singularidad del Hospital Insular radica en su enfoque asistencial multidisciplinar, diseñado específicamente para la rehabilitación, el tratamiento de la fragilidad y el mantenimiento de la dignidad de las personas mayores dependientes.
Asimismo, ha recordado que a diferencia de una planta hospitalaria de agudos convencional, el centro ofrece "un entorno humanizado donde se entrelazan la atención médica especializada con programas de terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, psicología y dinamización sociocultural".
Casos clínicos reales, como el de pacientes que han logrado recuperar el habla, la movilidad y su autonomía personal tras graves procesos patológicos, evidencian que este hospital "no es un simple espacio residencial, sino un recurso terapéutico de primer orden donde se prioriza la calidad de vida de los usuarios", ha defendido.
"El traslado forzoso de estas actividades a una estructura modular de carácter genérico desvirtúa por completo este modelo de cuidados especializados", ha continuado IUC. En esta línea, el propio personal facultativo y de enfermería del centro ha alertado sobre las limitaciones del nuevo espacio de destino, el cual no fue proyectado para albergar de forma integral la cartera de servicios de la especialidad de Geriatría.
"Al perder el contacto directo con un entorno abierto y la proximidad al mar que caracterizan al histórico edificio de Arrecife, los pacientes quedarán confinados en una planta convencional que los profesionales sanitarios asemejan a un pozo carente de condiciones de esparcimiento", ha denunciado el partido.
Al mismo tiempo ha alertado de que la fragmentación de los servicios pone "en severo peligro" la acreditación del centro como unidad docente multiprofesional, puesto que la pérdida de la unidad de agudos y del hospital de día desestructurar el programa formativo exigido por el Ministerio de Sanidad.
Alerta de la posible "especulación inmobiliaria"
Izquierda Unida Canarias ha indicado que lLa ubicación del Hospital Insular en una zona costera de alto valor estratégico dentro del planeamiento urbano de Arrecife, adyacente a la marina deportiva, "alimenta fundadas sospechas de especulación inmobiliaria". Al desalojar paulatinamente el 60% de la actividad asistencial -trasladando las consultas externas, la media estancia y el hospital de día, y manteniendo únicamente de forma provisional la residencia sociosanitaria de alto requerimiento-, el Gobierno insular "reduce al mínimo la actividad del inmueble".
"Esta desocupación sistemática de un terreno de dominio público de incalculable valor comercial facilita la futura cesión de este espacio privilegiado a iniciativas empresariales vinculadas al ocio de lujo o al desarrollo turístico, privando de forma irreversible a las familias de la isla de una infraestructura sanitaria comunitaria esencial", ha mantenido el partido.
Ante este panorama de desmantelamiento de los servicios esenciales, el coordinador de IUC, Jorge Peñas, ha reivindicado la necesidad de articular un "equivalente social al REF canario".
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias ha servido tradicionalmente para "compensar la insularidad y abaratar los costes de las transacciones empresariales, pero las administraciones públicas se han olvidado sistemáticamente de aplicar una compensación de la doble insularidad en materia de derechos sociales elementales como la sanidad y la educación".
Para Peñas, los habitantes de Lanzarote y La Graciosa "no pueden seguir soportando una merma crónica en la calidad de sus servicios sanitarios públicos, viéndose obligados en muchas ocasiones a desplazarse de isla para recibir una atención digna o a recurrir a la medicina privada por la falta de recursos sociosanitarios públicos en su propio entorno".
Izquierda Unida Canaria ha sostenido que gobernar consiste en "prever y actuar" para evitar la degradación de los recursos públicos, y no en justificar el desahucio de un hospital público mediante ruedas de prensa propagandísticas. Por ello, la organización progresista exige "la paralización inmediata de cualquier plan de traslado provisional hacia el Hospital Dr. José Molina Orosa que no cuente con un calendario vinculante, una ficha financiera consignada por el Gobierno de Canarias y un proyecto de rehabilitación integral aprobado por la comunidad de profesionales y usuarios del centro".
La movilización social es un instrumento decisivo para detener esta "deriva privatizadora". La campaña de recogida de firmas promovida por la ciudadanía y los colectivos profesionales del centro, que ya supera los 14.600 apoyos en plataformas cívicas, demuestra que la sociedad de Lanzarote exige de forma unánime la conservación y potenciación del Hospital Insular.
Desde IUC se ha hecho un llamamiento a la unidad de acción de las fuerzas progresistas, los sindicatos y los movimientos vecinales de la isla para "defender con firmeza la soberanía sanitaria", impedir que el edificio "sea pasto de la especulación inmobiliaria" y consolidar un sistema público de cuidados que "garantice el bienestar y la dignidad de las personas mayores de Lanzarote".
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