El Ministerio de Industria ha concedido ya a Repsol el último permiso que le faltaba para poder iniciar las prospecciones frente a Lanzarote y Fuerteventura. La resolución se firmó el pasado lunes y se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El mismo día en que el Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Luca, firmaba ese último permiso, el ministro José Manuel Soria se reunía con Asolan, dentro de las vacaciones que está pasando en Lanzarote.
La autorización otorgada a Repsol supone la perforación de dos pozos, bautizados como Sandía y Chirimoya. Además, en función de los resultados, podría realizar un tercer sondeo en el sector denominado Zanahoria. El punto más cercano a la costa está a 50 kilómetros y la profundidad de los sondeos autorizados es de entre 3.000 (en el caso de Chirmoya) y 6.900 metros (en Zanahoria).
Ahora, antes de iniciar las prospecciones, Repsol tendrá que informar al Ministerio de Medio Ambiente y a Capitanía Marítima de las fechas de inicio y fin de los sondeos, "con al menos una semana de antelación". La resolución especifica que el permiso tiene una vigencia de tres años, a partir de la publicación en el BOE, que se ha producido este miércoles.
Riego de daño a personas, bienes y al medio ambiente
La propia resolución de Industria reconoce que la actividad de los sondeos genera ya riesgos, tanto para el medio ambiente como para bienes y personas. De hecho, exige a Repsol un seguro de responsabilidad civil y una garantía financiera, que suman en total 60 millones de euros.
El seguro de responsabilidad civil es "para hacer frente a eventuales daños a personas o bienes en el desarrollo de las actividades de ejecución de los sondeos que se autorizan en esta resolución, por una cuantía mínima de 40 millones de euros". Antes de iniciar los sondeos, Repsol deberá acreditar ante la Dirección de Política Energética y Minas que ha constituido ese seguro, "sin perjuicio de la responsabilidad de los titulares ante cualquier daño causado".
Además, la petrolera tendrá también que constituir "una garantía financiera destinada específica y exclusivamente a cubrir sus responsabilidades medioambientales, por un importe de 20 millones de euros". Esa garantía deberá mantenerse en vigor "durante todo el periodo de actividad y hasta su cese efectivo".
A lo largo de una resolución de doce folios, Industria hace referencia en varias ocasiones al riesgo que entrañan los sondeos, y señala que Repsol "deberá tomar toda clase de precauciones en prevención de daños o riesgos, que como consecuencia de las operaciones, puedan afectar a la seguridad de vidas humanas, la propiedad, reservas naturales, costas, lugares de interés turístico e instalaciones públicas".
Además, el Estado desliga cualquier responsabilidad y subraya que "la ejecución de los sondeos se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del operador", es decir, Repsol.
