La Dirección General de Función Pública ha "suspendido provisionalmente" al interventor Carlos Sáenz, que lleva casi tres meses en prisión provisional, tras ser detenido en la Operación "Montecarlo". Así se lo ha comunicado a los ayuntamientos de Arrecife, Teguise y San Bartolomé, que trasladaron una consulta a este órgano tras el arresto de Sáenz.
En el escrito, fechado el 7 de agosto, Función Pública "libera" a Teguise y San Bartolomé, donde Carlos Sáenz ejercía como interventor por "acumulación" de funciones, anulando esta designación y autorizándoles a cubrir la plaza con otra persona. Es decir que, aunque Sáenz saliera de prisión, estos dos ayuntamientos no tendrían que seguir contando con sus servicios.
En el caso de Arrecife, sin embargo, la situación es distinta. En este Ayuntamiento es donde Carlos Sáenz tiene asignada su plaza y, cuando salga de prisión, podría reclamarla y regresar a su puesto. Así al menos lo han señalado a La Voz desde los otros consistorios afectados, en función del escrito que han recibido. Sin embargo, ni el concejal de Hacienda, José Montelongo, ni el alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo, han querido hacer declaraciones sobre el tema.
En busca de nuevo interventor
Tras recibir este informe, tanto el concejal de Hacienda de Teguise, Miguel Ángel Jiménez, como la edil de San Bartolomé, Carmen González, han señalado a La Voz que, a partir de septiembre, esperan contar con un nuevo interventor que ocupe la plaza, para la que ahora han tenido que designar provisionalmente a otros funcionarios que no están habilitados para este puesto.
"Por educación y porque, aunque quizá me equivoque, creo que nadie es culpable hasta que haya sentencia firme, hemos decido esperar hasta el 1 de septiembre, pero esta situación ya no se puede aguantar más. Tenemos que buscar un interventor como sea", ha señalado Miguel Ángel Jiménez, que ha anunciado que en poco más de dos semanas iniciarán los trámites para cubrir esa plaza.
El problema es que hay pocos interventores habilitados en España, y muchos menos en las islas, y lo más probable es que tengan que recurrir otra vez a uno "compartido" con otra institución, a través de la acumulación de funciones. El primer paso, según Jiménez, será solicitar un interventor a Función Pública y, si hay algún interesado, bien ocupando la plaza o compatibilizando el trabajo en otra institución, será este órgano el que tenga que autorizarlo.
Por su parte, la concejal de Hacienda de San Bartolomé ha adelantado que ya están "buscando a una persona" y espera que el próximo mes de septiembre puedan "contar con alguien". En su caso, también cree que lo más factible será buscar un interventor que ya esté ejerciendo en otra institución, y que acumule las funciones.
Entre las opciones, se encuentra la actual interventora del Cabildo, o los funcionarios habilitados que tienen plaza actualmente en los Consistorios de Tías y Tinajo. "En septiembre tendríamos una respuesta definitiva", señala la edil. "Si no tienen inconveniente, sería proponer ese nombre a Función Pública".
Menos "funcionalidad"
Tras la detención de Carlos Sáenz, que se produjo el pasado 22 de mayo, los tres ayuntamientos de la isla en los que ejercía como interventor tuvieron que nombrar a otra persona, designando provisionalmente a funcionarios que no están habilitados para ocupar esta plaza. Y eso, según admiten tanto en Teguise como en San Bartolomé, ha afectado a la "funcionalidad" de estas instituciones.
"No es que el Ayuntamiento esté paralizado, pero lógicamente hay algunas cosas que se ralentizan", señala la concejal de Hacienda de San Bartolomé. En la misma línea se pronuncia el responsable del área en Teguise, que señala que aunque el interventor provisional tiene todas las competencias, y ha sido autorizado por Función Pública, el hecho de que no sea un funcionario de carrera afecta a la operatividad del Consistorio, porque no tiene experiencia y debe realizar consultas con interventores habilitados.
El centro de la Operación "Montecarlo"
Carlos Sáenz es uno de los principales imputados en la Operación "Montecarlo", y está acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación, entre otros.
Según la investigación, Sáenz utilizó su papel como interventor en los Ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y La Oliva (donde también ejercía esa función hasta hace unos años) para, presuntamente, desviar dinero público a diversas empresas, con facturas infladas o trabajos que ni siquiera se habían realizado.
Uno de los mayores beneficiarios, según la investigación, sería el empresario José Montesinos, que cobró importantes sumas de dinero de estas tres instituciones, y que actualmente está también en prisión provisional.
En la causa también están imputados hasta el momento los ex alcaldes de Arrecife y San Bartolomé, Cándido Reguera y Miguel Martín, así como los que han sido concejales de Hacienda de estos municipios durante el periodo que se investiga. En el caso de San Bartolomé, Javier Betancort y Cándido Reguera (también imputado por su gestión en este municipio). En el de Arrecife, José Miguel Rodríguez y el actual edil de Hacienda, José Montelongo. Además, también ha tenido que declarar en calidad de imputado el abogado Federico Toledo.
