Según el auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC el 19 de septiembre, el Ayuntamiento de Yaiza tiene cinco días para identificar el órgano administrativo encargado de dar cumplimiento al Auto que la misma Sala dictó el pasado 15 de marzo de 2007. Ese auto ordenaba que se ejecutara de manera forzosa una sentencia anterior que obliga al Ayuntamiento de Yaiza a notificar al Cabildo de Lanzarote todas las licencias urbanísticas que conceda dicho Ayuntamiento en la localidad turística de Playa Blanca.
Pero a día de hoy, seis meses después de aquel Auto del 15 de marzo, el Ayuntamiento no ha cumplido el mandato judicial por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias insta al Consistorio del sur a que en siete días cumpla con las medidas de ejecución forzosa y si no lo hace, aplicará el artículo 112 de la Ley, por el que se estipula en inicio de medidas penales por delito de desobediencia y la imposición de multas por incumplir el mandato del Alto Tribunal. El Tribunal hará llegar el requerimiento al Juzgado de Arrecife para que el Secretario del Ayuntamiento lo entregue personalmente al alcalde de Yaiza.
La primera vez que el Ayuntamiento de Yaiza fue condenado por no informar al Cabildo de las licencias que concedía fue hace dos años, por sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero el Consistorio sigue sin hacer caso de esa obligación. Varios de los casos más significativos en los que la institución que rige José Francisco Reyes ha decidido esconder al Cabildo las licencias que concedía han saltado a la luz pública como los permisos otorgados en el Plan Parcial Playa Blanca a su compañero de partido Pedro de Armas para edificar 10 viviendas y la licencia para construir un "pueblo" con más de 1.000 viviendas en la parcela Cortijo de Costa Roja. Precisamente esta misma semana José Francisco Reyes, el secretario del Ayuntamiento y el jefe de la Oficina Técnica han tenido que declarar como imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de las 1.000 viviendas.
