Alex Salebe
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificó ayer al Cabildo de Lanzarote la sentencia que anula las dos licencias de obras que concedió el Ayuntamiento de Yaiza autorizando la edificación de un complejo de 83 unidades turísticas y unas 166 camas en el plan parcial San Marcial de Rubicón de Playa Blanca. Dicha Sentencia es la primera que resuelve una treintena de recursos interpuestos por el Cabildo contra los actos municipales que se consideran que vulneran el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y la legalidad urbanística que era de aplicación.
La presidenta accidental de la Corporación, María Dolores Luzardo, sostuvo que el fallo del Tribunal pone en duda los argumentos expuestos por el Consistorio sureño, que justificaba la concesión de las licencias amparado en que de esa forma se evitaba posibles indemnizaciones. "Según el Ayuntamiento, venía obligado a conceder las licencias por imperativo legal", anotó Luzardo, quien recordó que es la segunda vez que el Cabildo gana un recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Yaiza. Hace escasos dos meses otra Sentencia también dio la razón al Cabildo en el Contencioso por el que se solicitaba la notificación de licencias que el Ayuntamiento está obligado a informar a la Primera Corporación insular.
Luzardo señaló que es una buena noticia para una Institución que en los últimos años ha batallado para controlar el crecimiento turístico desmesurado.
El asesor externo del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, aclaró que la sentencia no es firme por lo que el Ayuntamiento podrá, en un plazo de diez días, interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si se agota el plazo y no se interpone el recurso, la sentencia se convierte en firme y habrá que llevarla a puro y debido efecto. No obstante, la ley prevé que aunque el Ayuntamiento interponga el recurso, como ya lo ha anunciado que lo hará, queda en manos del Cabildo instar la ejecución provisional de la sentencia. La presidenta accidental tiene las competencias para hacerlo, sin embargo, no ha comunicado cuál será el camino a seguir.
En concreto, los permisos que autorizaron edificar el complejo turístico han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y se supone que no podrían ofertarse las plazas turísticas del mismo hasta conocer el fallo del Tribunal Supremo. Una fuente autorizada del Consistorio informó a esta redacción que el complejo aludido por la sentencia está abierto desde noviembre del año pasado, pero el Cabildo aseguró que aún no tiene la autorización de apertura turística que otorga la Consejería de Turismo Interior de la Corporación.
Los juristas del Cabildo creen que lo más probable es que el complejo turístico no sea legalizable, y en ese caso habría que restaurar la legalidad demoliendo la obra. Los costes tendrían que ser asumidos por la institución que concedió los permisos, en este caso el Ayuntamiento de Yaiza.
