El Consejo Fiscal, presidido por el Fiscal General del Estado, ha adoptado una resolución pidiendo el "cese de los ataques contra el honor" del fiscal Ignacio Stampa, que se han producido en distintos medios locales y regionales. Según el Consejo, esos ataques han pretendido poner en cuestión la "profesionalidad y honorabilidad" de Ignacio Stampa, con motivo de su "intervención procesal en diversos procedimientos judiciales de notable relevancia jurídica y social, relacionados con ordenación del territorio, el medioambiente y la corrupción" en Lanzarote.
Stampa representa al Ministerio Fiscal en algunas de las mayores causas contra la corrupción abiertas en Lanzarote, como el caso Yate (por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca), el caso de la bodega Stratvs y el caso Montecarlo. Además, estuvo desde el inicio en el caso "Unión" (en el que después pasaron a intervenir también el fiscal jefe de Medio Ambiente de Las Palmas y la Fiscalía Anticorrupción ), y actualmente continúa llevando la acusación en alguna de las piezas de esta causa.
En el acuerdo que el Pleno adoptó el pasado día 9 y que han hecho público este jueves, el Consejo Fiscal "manifiesta públicamente su respaldo a la actuación del fiscal Ignacio Stampa" y advierte de que, si continúan esos ataques, podrían "instarse o iniciarse otro tipo de actuaciones de naturaleza jurídica".
Además, deja claro que "este tipo de críticas ni han condicionado ni van a condicionar la labor del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las funciones que le impone la Constitución española en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés tutelado por la ley".
"Insinuaciones difamantes"
El Pleno del Consejo Fiscal ha adoptado este acuerdo tras conocer "diversas manifestaciones realizadas en radios y en artículos publlicados en prensa, esencialmente de carácter regional y local, que han pretendido poner en cuestión la profesionalidad y honorabilidad del fiscal destinado en la Fiscalía de Área de Arrecife de Lanzarote", Ignacio Stampa". "Tales comentarios exceden notablemente de la crítica legítima a la que está expuesta la labor profesional de todo funcionario público", sostiene el Consejo Fiscal.
Y es que subrayan que "sin llegar a afirmar de manera directa hechos delictivos concretos", el autor (o autores) de esas manifestaciones "sí formulan insinuaciones difamantes que ponen en entredicho conductas personales que se relacionan con actuaciones procesales, de forma que pueden provocar en el ciudadano una impresión manifiestamente distorsionada sobre la labor imparcial que desarrolla el Ministerio Fiscal en estos procedimientos".
En su escrito, el Consejo Fiscal subraya además que "el ámbito regional y local de estas publicaciones le han conferido una indudable repercusión a nivel social y corporativo, particularmente intensa en la isla de Lanzarote, lo que incrementa el injustificado daño al honor del fiscal".
