El pleno extraordinario convocado por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, para "debatir" sobre la sentencia del TSJC que ordenó revisar la adjudicación a Canal de Isabel II del ciclo integral del agua en Lanzarote, tendrá lugar el próximo viernes 25 de mayo, a partir de las 10 horas.
Según reza en la convocatoria, la sesión se celebrará con un único punto en el orden del día, que será la "dación de cuentas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Sección Primera número 609/2017, relativa a la revisión del procedimiento de concurso negociado para la adjudicación del servicio integral del agua de la isla".
Hay que recordar que el fallo judicial se produjo en noviembre, aunque el Consorcio del Agua lo mantuvo oculto hasta que La Voz lo hizo público la pasada semana. En él, el TSJC concluía que se produjeron "sorprendentes alteraciones" en el procedimiento de adjudicación "en beneficio" de Canal y ordenaba revisar el proceso de contratación.
No obstante, Pedro San Ginés tachó de "intrascendente" la sentencia del TSJC y manifestó que no la iba a ejecutar. Y es que, a pesar de que señaló que el fallo está recurrido ante el Tribunal Supremo, el presidente del Cabildo considera que la sentencia "no tiene consecuencias" y que el procedimiento está "cerrado", ya llegó a un acuerdo con la demandante, Club Lanzarote, para que "desistiera" de este pleito. De hecho, en el comunicado que el Cabildo envío para anunciar la convocatoria del pleno, San Ginés precisaba que se celebraría "con el objeto de aclarar las dudas que hayan podido surgir al respecto", insistiendo en las "nulas consecuencias jurídicas" que la sentencia "tendrá sobre el futuro del agua en Lanzarote".
En ese comunicado enviado desde la primera institución en la mañana del viernes, no se indicaba no obstante la fecha en la que tendría lugar el pleno, hecho que no se comunicó hasta horas después. El presidente del Cabildo también anunció que el referido pleno extraordinario sería convocado de forma conjunta con la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote, "para que los alcaldes y alcaldesas de la isla puedan confirmar o desmentir las acusaciones de la supuesta alteración del pliego de contratación".
