Una de las espinas que quedaron a los investigadores en la primera fase del caso "Unión" es que las escuchas y el seguimiento a los implicados llegó cuando ya se habían hecho la mayoría de los "grandes negocios" en la isla. Aún así, se localizaron varios pagos y peticiones de comisiones ilegales e incluso se pilló "infraganti" la entrega de un supuesto soborno de 100.000 euros.
Y es que en una etapa que ya estaba marcada por la crisis económica que afecta a instituciones y empresarios, la presunta actividad delictiva no desapareció, aunque en muchos casos bajó el listón. Según la investigación y las confesiones de algunos de los imputados, se cobraba prácticamente por todo, por pequeño que fuera: desde la adjudicación de contratos menores, hasta por agilizar el pago de una factura que previamente se había bloqueado.
Sin embargo, la Operación "Jable" ha multiplicado la dimensión de la causa, tanto por el número como por el nombre de muchos de los imputados. Y es que mientras en la Operación "Unión" los detenidos más destacados fueron quizá el propio Dimas Martín y el empresario Luis Lleó, esta vez han sido arrestados desde políticos tan relevantes en su día como María Isabel Déniz, o incluso Miguel Ángel Leal, hasta algunos empresarios más importantes de la isla, como Juan Francisco Rosa, además de Francisco Armas, de Horinsa, el dueño de Lanzagrava, Demetrio Rodríguez, y el gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez. Y a ellos, se suma también el empresario hotelero más importante de Andalucía, José María Rossell.
