La decisión del Consejo de Ministros, que este viernes ha autorizado las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, pese a la fuerte oposición de las islas, ha provocado una auténtica cascada de respuestas e indignación por parte de las instituciones canarias.
Tanto el Cabildo de Lanzarote como el de Fuerteventura, así como el Gobierno de Canarias, han cargado con dureza contra esta decisión y han anunciado medidas judiciales para conseguir parar este proyecto. En este sentido, el Ejecutivo canario ha dado instrucciones ya a sus servicios jurídicos para que emprendan todas las actuaciones necesarias para impedir las prospecciones.
De igual forma, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha anunciado que presentará un recurso en el Tribunal Supremo en contra de este decreto del Consejo de Ministros y pedirá la ejecución de la sentencia de 2004, cuando el Supremo anuló el expediente de Repsol. El presidente de Fuerteventura, Mario Cabrera, también ha mostrado su "sorpresa e indignación" y ha afirmado que "hay que empezar a hablar de 'operación Repsol', porque el tiempo dirá del interés de Soria en este proyecto".
Varios ayuntamientos de la isla ya se han pronunciado también en contra de esta autorización, al igual que la presidenta de CC en Canarias, Claudina Morales, que ha enviado una nota de prensa desde Madrid en la que se "opone frontalmente" al proyecto de Repsol. "Lamentamos que el Gobierno y el PP hayan adoptado esta decisión unilateralmente y de espaldas a las instituciones y a la sociedad canaria", ha manifestado.
"La amenaza se cierne sobre Canarias"
Además, Claudina Morales ha asegurado que es "incierto, como aseguran los que defienden las prospecciones, que se vayan a crear 4.500 empleos, dado que en una plataforma trabaja una media de 100 empleados que, además, deben reunir una formación cualificada". "¿Qué economía va a generar para Canarias una actividad que sólo va a beneficiar a la petrolera y cuyos tributos va a recaudar directamente el Estado?", se ha preguntado. Asimismo, ha recordado que según los datos publicados por Repsol, de los que La Voz se hizo eco hace unas semanas, en cinco años se han producido más de 7.000 vertidos "en sus exploraciones".
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Manuel Fajardo Palarea, ha señalado que con esta autorización "Soria y Rajoy ejecutan la amenaza que se cernía sobre Canarias y, especialmente, sobre Lanzarote y Fuerteventura". "Se consuma una agresión en toda regla a la voluntad del pueblo de ambas islas y de todo el Archipiélago. El Gobierno del PP ha obviado el consenso social e institucional que un acuerdo de estas características necesitaría, anteponiendo el interés de la multinacional al interés de los canarios", ha señalado a través de un comunicado.
El próximo día 24 de marzo hay convocada una manifestación que recorrerá Arrecife para que la población se muestre en contra de las prospecciones que ya ha autorizado el Gobierno.
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