El Gobierno de Canarias ha salido al paso del comunicado del Cabildo de Lanzarote por el que asegura que ["el TSJC le confirma que puede exigir judicialmente el cien por cien de los tributos del REF, frente al 58 por ciento que está recibiendo"->60621] y aclara queha recibido, al igual que la institución conejera, una
providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que solicita
alegaciones como trámite previo y obligatorio para determinar con posterioridad si
eleva o no al TC una posible cuestión de inconstitucionalidad del actual reparto de
tributos del REF. Esta circunstancia, aclara la consejería de Economía que "no determina ni considera un pronunciamiento de
la Sala, tal y como interpreta el Cabildo de Lanzarote".
La citada providencia, recibida el pasado día 10, acuerda "oir a las partes y al
Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan
alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad planteada por el Cabildo Insular de Lanzarote". El texto añade:
"seguidamente, y sin más trámite, el tribunal resolverá lo procedente". Con ello, el
TSJC cumple con un trámite procesal establecido como obligatorio en la Ley Orgánica
reguladora del TC.
El gobierno continúa aclarando que "El texto, en ningún caso, se pronuncia sobre si hay indicios de una supuesta
inconstitucionalidad y tampoco expresa decisión alguna sobre si dirigirá el asunto
al Tribunal Constitucional. Además, finalmente, sería el TC el órgano que tiene la
potestad de admitir o no a trámite el asunto para iniciar un procedimiento".
El Cabildo de Lanzarote exige judicialmente que el cien por cien de los tributos del
REF se destine a los cabildos. Por su parte, el Gobierno de Canarias, mediante la
Ley 9/2003, estableció un reparto teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de
Canarias y las corporaciones locales son cotitulares de estos tributos. Además, es
el Ejecutivo el que sostiene el coste de la recaudación.
El Gobierno de Canarias respeta profundamente las iniciativas judiciales que tomen
las administraciones. No obstante, desde la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad se ha mostrado una plena predisposición al diálogo en lo que a la
financiación de las corporaciones locales se refiere.
Por último, recuerda que recientemente, fue constituido un grupo de trabajo para analizar, entre todas las
instituciones, los recursos del REF y otros aspectos que mejoren la colaboración
institucional. En esta comisión están representados todos los cabildos insulares.
