En las próximas semanas el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas dictará el fallo que resolverá el recurso interpuesto por Pío Coronado contra el Ayuntamiento de Arrecife

El caso del centro comercial de Valterra, visto para sentencia

Tras un intenso debate social y diversos informes presentados, la negativa a la licencia de apertura partió de la última actuación de Manuela Armas como alcaldesa de Arrecife en enero de 2000

El caso del centro comercial de Valterra, visto para sentencia
El caso del centro comercial de Valterra, visto para sentencia

La sentencia sobre el recurso que interpuso hace cinco años Pío Coronado, el grupo que controla en la actualidad en torno a un 30 por ciento del sector de la alimentación en el Archipiélago, contra la denegación de la licencia municipal para la construcción del centro comercial de Valterra y la ampliación del hipermercado, están próximas a conocerse después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas haya declarado concluso el caso.

Uno de los grandes casos de cuya resolución están pendientes tanto empresarios y políticos como consumidores, el expediente relativo a la ampliación del hipermercado de Valterra y la creación de un gran centro comercial en la zona solicitadas por Pío Coronado, está a punto de llegar a su fin.

lavozdelanzarote.com pudo constatar este martes que en el contencioso que los citados empresarios mantienen desde el año 2000 con el Ayuntamiento de Arrecife, después de que Pío Coronado interpusiera un recurso contra la denegación de licencia de apertura dictada por el Consistorio capitalino, se ha dictado una resolución por la que el caso ha quedado concluso, con lo que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas dictará una sentencia en firme antes de fin de año.

Antecedentes

La solicitud de los representantes de Pío Coronado pretendía ampliar las dimensiones de la sede de su hipermercado, hoy bajo la denominación de Hiperdino Valterra, ubicado en el polígono industrial de Valterra, cerca de Garavilla, donde años atrás funcionaban a pleno rendimiento las naves de empresas conserveras de pescado.

En enero de 2000 , los promotores presentaron al Ayuntamiento de Arrecife un proyecto con el que trataban de incrementar la superficie de venta del hipermercado, que pasaría de 1.750 metros cuadrados (m²) a contar con algo más de 6.000 m², extensión que hubiera situado a dicha superficie como la mayor sede del sector de la alimentación en toda la Isla.

Pero aprovechando este intento de ampliación del hipermercado, Pío Coronado adquirió también los terrenos colindantes, de categoría industrial, demoliendo incluso algunas naves de la zona con vistas a construir un gran centro comercial en cuyo interior estaría ubicado dicho hipermercado por cuya ampliación habían apostado en principio.

Fue este extremo el que propició la polémica, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife actualmente vigente contempla en esa zona suelo para uso fundamentalmente industrial, y sólo secundariamente de uso comercial y residencial.

Para hacerse una idea del la ambiciosa iniciativa, basta con decir que sobre el proyecto presentado ante el Ayuntamiento de Arrecife dicho centro comercial contaba con más de 63.000 m² construidos y, en su interior, se situaban más de 70 locales comerciales de todas las categorías, lo que lo hubiera convertido en el mayor centro comercial de la Isla, con tres plantas de altura y 1.00 plazas de aparcamiento en su interior.

El proyecto presentado ante el Ayuntamiento capitalino despertó entonces un intenso debate social e institucional entre el pequeño y el gran comercio, y al mismo se presentaron cientos de alegaciones tanto por parte del tejido empresarial de Lanzarote como de representantes públicos, e incluso de los propios usuarios.

Tramitado todo el expediente y estudiados diversos informes jurídicos y técnicos, a favor y en contra de la actuación, el último acto que realizaría como alcaldesa la actual parlamentaria regional del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) Manuela Armas al frente de la Corporación capitalina fue precisamente denegar la licencia de apertura solicitada por Pío Coronado tanto para ampliar el hipermercado como para levantar el centro comercial de las mencionadas dimensiones.

Esta última actuación, además de provocar una grave ruptura entre los miembros de Coalición Canaria adscritos al Consistorio municipal, levantó ampollas y dio lugar al inicio de una guerra judicial por parte de Pío Coronado en contra del Ayuntamiento.

Debate social

Fue a raíz de la negativa municipal cuando se despertó un intenso debate e interés empresarial y ciudadano por el caso. En este punto se consolidó precisamente la creación del Círculo de Empresarios de Lanzarote (CEL), cuyos integrantes plantaron cara a estos grandes empresarios en defensa fundamentalmente del pequeño y mediano comercio insular y también local y regional, ya que si bien Pío Coronado tenía orígenes isleños, ya por aquel entonces la multinacional holandesa Royal Ahold había absorbido el capital de estos empresarios canarios cuando los establecimientos bajo las marcas Netto, Cash, Supersol e Hiperdino, entre otras, ya eran propiedad del Banco Santander.

El Círculo de Empresarios se personó en esta batalla judicial como coadyugante del Ayuntamiento de Arrecife, siendo en realidad los empresarios los que han venido soportando la mayor parte del peso de la actuación municipal, limitándose el Ayuntamiento a ratificar el contenido de las resoluciones ya dictadas por la vía administrativa.

El Cabildo tampoco se quedó fuera de este debate. Aunque no se oponía en principio, como si de un campo de golf por ejemplo se tratara la Primera Corporación lanzaroteña tuvo que considerar la actuación propuesta por Pío Coronado como un gran sistema general insular.

Por ello, fueron varios los informes elaborados para conocer a la perfección la viabilidad de la zona donde se pretendía ubicar el complejo comercial y de la actuación urbanística en sí, pretendiendo que en ningún caso la apertura de un centro comercial de tales dimensiones supusiera un colapso para las comunicaciones y el transporte del principal centro neurálgico de la Isla.

Final del caso

Tras cuatro años de batalla judicial en los que se han practicado todas las actuaciones procesales, el caso acaba de quedar concluso -visto para sentencia- en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. Una vez terminada esta guerra judicial, que ha entrañado una gran dureza entre el Círculo de Empresarios y Pío Coronado, el primero de los procesos judiciales ha llegado a su fin.

En las próximas semanas, con toda seguridad antes de fin de año, dicho Juzgado dictará una sentencia en firme en referencia al recurso interpuesto por Pío Coronado contra la denegación de la licencia de apertura, fallo cuyo resultado predeterminará irremediablemente el segundo de los litigios abiertos, el relativo a la negativa de concesión de la licencia de obras.

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