El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado un proyecto para gravar la venta de combustible y lograr recaudar así 2,5 millones de euros para gastar "exclusivamente" en carreteras y en transporte insular. Esta ordenanza fiscal reguladora de la exacción sobre el consumo de combustible en Lanzarote se tendrá que llevar a pleno para su aprobación inicial. La tarifa, de 2 céntimos de euro por litro de carburante vendido, entraría en vigor el 1 de mayo, según tiene previsto el Cabildo, siempre que el grupo de gobierno consiga mayoría para aprobar su iniciativa en Pleno.
Desde la Corporación destacan que esta tarifa directa la deberán afrontar "exclusivamente" quienes se benefician de la venta de combustible para la automoción, es decir, las propias gasolineras y los distribuidores. "En ningún caso esta tarifa está dirigida a los consumidores, al no tratarse de ningún tipo de impuesto indirecto como es, por ejemplo, el IGIC", ha explicado el Cabildo en un comunicado.
La primera Corporación insular ha señalado que con este proyecto se modifica y actualiza la ordenanza aprobada en 1960, que "a todas luces ha quedado obsoleta". Los vendedores y distribuidores de combustibles de automoción en Lanzarote "sólo pagan" a día de hoy una tarifa de 0,0079 euros por litro de gasolina vendida, según el Cabildo.
Tal y como ya hicieron en 2013 los cabildos de Tenerife y La Palma y en febrero el Cabildo de Gran Canaria, el de Lanzarote tratará de resolver la "discriminación existente" llevando a cabo una modificación de esta ordenanza "ya desfasada para gravar no sólo la venta de gasolina, sino también la de gasoil".
Incrementar ingresos para mantener las vías
De esta manera, el Cabildo pretende "favorecer una nueva vía para solventar la imperiosa necesidad que tienen los gobiernos insulares de incrementar sus ingresos para mantener las redes viarias de cada isla". Con esta medida, el grupo de gobierno quiere poner en marcha el Plan Plurianual de Mejora, Conservación y Embellecimiento de todas las carreteras insulares.
Y es que con la modificación de esta ordenanza, la Corporación insular prevé pasar de unos ingresos anuales que actualmente alcanzan los casi 400.000 euros a 2,5 millones de euros. Este dinero lo destinará "exclusivamente" a gastos de carreteras y transporte para garantizar un "óptimo estado" de los aproximadamente 360 kilómetros de vías que son de competencia insular.
El Cabildo considera que son las propias gasolineras y los distribuidores de combustible los que deben "colaborar en la conservación de las vías para que todos los usuarios de las carreteras lanzaroteñas ganen en seguridad y confort, favoreciendo la disminución de los gastos de mantenimiento de sus propios vehículos al verse éstos perjudicados por las deficiencias que presenta la red viaria".
El Cabildo ha querido dejar claro en un comunicado que esta nueva tarifa recaerá "en los empresarios, tanto distribuidores como vendedores de carburantes". "Parece razonable y lógico que sean quienes contribuyan al mantenimiento de las infraestructuras viarias, al entenderse que hay suficiente margen para que esta medida no repercuta en los consumidores".
