EL PRESIDENTE AFIRMÓ QUE SEGUIRÍA FUNCIONANDO HASTA EXTINGUIR LOS PERMISOS

El Cabildo sigue la batalla judicial contra Repsol pero ha disuelto la oficina 'anti petróleo'

El presidente aseguró que la oficina funcionaría hasta que se revocaran los permisos a Repsol, pero al terminar la legislatura prescindió de los servicios de Ezequiel Navío. Lo que sí mantiene abiertos son los pleitos y afirma que es la única administración que sigue la batalla judicial...

2 de febrero de 2016 (15:47 CET)
El Cabildo sigue la batalla judicial contra Repsol pero ha disuelto la oficina 'anti petróleo'
El Cabildo sigue la batalla judicial contra Repsol pero ha disuelto la oficina 'anti petróleo'

El Cabildo es "la única administración canaria" que mantiene abierta la batalla judicial contra las prospecciones de Repsol, según confirmó hace unos días la Corporación, pero lo que sí ha hecho es disolver la Oficina de Acción Global. Esa oficina, creada en plena batalla contra el petróleo, fue "disuelta" en junio de 2015, coincidiendo con el final de la pasada legislatura y el inicio de la actual. Así lo han confirmado ahora a La Voz desde la Corporación insular, que en realidad adoptó esta decisión hace meses. 

Según han explicado a La Voz, este órgano fue desmantelado coincidiendo "con el inicio del nuevo mandato", porque "no se vio la necesidad" de su continuidad. Concretamente, vinculan la decisión al anuncio de Repsol de abandonar los sondeos, hace ya un año. Sin embargo, en ese momento el grupo de gobierno aseguró que mantendrían la oficina hasta que los permisos a Repsol fueran revocados oficialmente.

"La Oficina de Acción Global seguirá en pie hasta que esto termine; y para nosotros esto no ha terminado", afirmaron entonces desde el grupo de gobierno del Cabildo. El entonces consejero del área, Juan Antonio de la Hoz, hizo esas declaraciones en respuesta al PP, que tras el anuncio de la petrolera pidió el cierre de la Oficina y el cese de su responsable, Ezequiel Navío. "La Oficina de Acción Global desaparecerá cuando el PP lo considere, es decir, cuando revoquen los permisos a Repsol", agregó días después el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. 

Sin embargo, tras mantener esa oficina en funcionamiento varios meses más, finalmente la disolvieron al terminar la legislatura y Navío dejó de mantener una "relación laboral" con el Cabildo "en el mes de junio", según han señalado desde el gabinete de prensa de la institución. Aunque el escenario en ese momento era el mismo que en enero, cuando Repsol abandonó los sondeos, desde el Cabildo argumentan ahora que se mantuvo esos meses más porque el responsable de la oficina "tuvo que terminar todos los trabajos que estaba desarrollando para la administración" antes de que se diera por concluida su labor. 

 

La "única administración canaria" que sigue litigando


Aunque la Oficina de Acción Global ya no está en funcionamiento, el Cabildo de Lanzarote sí mantiene su batalla judicial contra la petrolera. De hecho, según señaló la institución en un comunicado remitido a los medios el pasado viernes, es la "única administración canaria" que continúa litigando. Según esa afirmación, tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Gobierno de Canarias habrían abandonado la vía judicial. 

Concretamente, el Cabildo mantiene, según han indicado desde la Corporación, dos procedimientos judiciales abiertos en relación con los sondeos. En el comunicado remitido el pasado viernes, el Cabildo informaba de que le Tribunal Superior de Justicia de Madrid había emitido un auto en el que "legitimaba" al Cabildo para "impugnar" los sondeos.

La Corporación interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio de Industria que autorizaba a Repsol a perforar tres pozos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. La compañía se había opuesto a ese recurso y había solicitado al Tribunal que no lo admitiera y que impusiese al Cabildo el pago de las costas procesales. "El TSJM no solo desestima las pretensiones de REPSOL en su intento de invalidar la figura del Cabildo como parte legítima en esta denuncia contra los sondeos, sino que impone además a la petrolera el pago de las costas sin posibilidad de recurrir el auto de desestimación", explicaba al respecto la Corporación en ese comunicado.

 

El Cabildo "es y será firme hasta que las autorizaciones hayan sido suspendidas"


El Cabildo destacó también que el Gobierno de España, que también está personado en el procedimiento a través de la Abogacía del Estado, señaló sobre el recurso de la Corporación insular que no tenía "nada que alegar". Esto "representa un punto de inflexión significativo con respecto a las reiteradas intervenciones del Estado Español en este conflicto, puesto que en todas las ocasiones anteriores se había opuesto a las reclamas de las administraciones canarias", subrayaba el comunicado. 

En esa nota, la institución reiteraba además su intención de seguir con la 'lucha' para extinguir los permisos. "La negativa del Ministerio de Industria de suspender los permisos, a pesar del anunciado abandono de la zona por la propia petrolera y a pesar de los fehacientes incumplimientos cometidos por la multinacional en sus obligaciones y condicionados de la Resolución del propio Ministerio, no puede sino interpretarse como un erróneo empecinamiento de los dirigentes políticos de Industria para imponer los frustrados sondeos a la sociedad canaria y, en este asunto, la acción del Cabildo de Lanzarote ha sido, es y será permanente y firme hasta que las autorizaciones de perforación hayan sido totalmente suspendidas y la amenaza desaparezca", destacaba ese comunicado. 

En lo relativo al procedimiento administrativo que el Cabildo promovió en noviembre de 2014 en la Comisión Europea, la corporación señalaba que las "autoridades comunitarias" le habían trasladado su "constancia", "por información de las autoridades españolas", de que "el proyecto ha sido abandonado por el promotor". El Cabildo, basándose en la Ley de Hidrocarburos, argumenta que este hecho "implica -de forma automática- la nulidad de los permisos" y afirma que el Ministerio "se niega a aceptar este precepto legal reclamado masivamente por la sociedad y las instituciones canarias". 

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