"El Consejo Consultivo de Canarias ha declarado nulo de pleno derecho el contrato firmado en 2001 entre Plácida Guerra y Enrique Pérez Parrilla y FCC", explicaba este martes Mario Pérez, consejero delegado de Inalsa, en una intervención en el programa Buenos Días Lanzarote de Radio Lanzarote. El Tribunal entendió que dicho contrato se produjo "con graves irregularidades, pues se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, infringiéndose preceptos básicos de derecho comunitario". Debido a esto, ahora el Cabildo ha aprobado en la sesión plenaria de este martes, de forma unánime, formular un "conflicto de jurisdicción" ante al Juzgado Número Trece de Las Palmas. "Queremos que el juzgado se inhiba de actuar sobre ese contrato nulo y, por tanto, que no se aplique en absoluto el laudo", indica Mario Pérez.
El consejero delegado de Inalsa también ha expresado que si este Juzgado no aceptase esta petición acudirían al Tribunal Superior "porque toda la jurisprudencia coincide en que cuando un acto se considera nulo, lógicamente, no se pueden tomar decisiones posteriores", por lo que se tendría que retirarel laudo que interpuso la Cámara de Comercio de Las Palmas contra la Empresa Pública de Aguas.
Este procedimiento jurídico es una vía más de la Primera Institución para no hacer frente al laudo contra Inalsa y tiene la peculiaridad de suspender la ejecución de este laudo arbitral en el momento que se presenta en el Juzgado. Además, "abre la puerta a una sentencia que declare la imposibilidad definitiva de ejecución del laudo por ineficacia jurídica".
Esta iniciativa es la respuesta que el Cabildo a la UTE Edam Janubio tras la petición de ejecución del laudo al Juzgado Número Trece de Las Palmas, que iniciaría un proceso de embargo de los bienes de Inalsa por un valor de 10 millones de euros.
Mario Pérez también considera que este conflicto jurídico no se debió producir nunca porque nunca se tuvo que firmar ese contrato. "El laudo condena a Inalsa por incumplimiento de un contrato con la UTE Edam Janubio. En este contrato la única obligación de Inalsa era comprar a 53 pesetas el metro cúbico de agua pero no lo compró porque la UTE no llegó a producir esa agua ya que no llegó a construir la planta porque no contaba con las autorizaciones", comenta el consejero. "Además, no tiene ningún sentido que ahora se nos condene por incumplimiento de un contrato que a todas luces va contra las normas y contra los derechos".
