El Cabildo de Lanzarote ha elaborado este viernes un documento dirigido al ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el que "exige la inmediata suspensión del proceso administrativo de las prospecciones trasladándole su más profunda preocupación por las permanentes irregularidades detectadas en el procedimiento emprendido por el Gobierno de España en marzo de 2012, autorizando a REPSOL a perforar los fondos marinos frente a Lanzarote y Fuerteventura".
En nota de prensa el Cabildo explica que "la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, tras analizar las más de 10.000 alegaciones presentadas por instituciones y la sociedad canaria en septiembre de 2013, representa un paso de enorme trascendencia para el futuro de Canarias, ya que podría autorizar a Repsol a iniciar catas que ya entrañan serios riesgos para las islas. En este contexto, las alegaciones formuladas se redactaron y estudiaron tras la lectura íntegra del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Repsol, el 1 de agosto de 2013, y si faltaban documentos de la petrolera que ahora le reclama el Ministerio de Medio Ambiente, es lógico que se exija la anulación de todo el expediente puesto que esos informes no pudieron ser ni estudiados ni contestados en las alegaciones, generando una situación de indefensión y vulnerabilidad que no se ajusta ni a ética ni a derecho".
La alegaciones presentadas por el Cabildo de Lanzarote el pasado año ya hacían referencia directa a las "sistemáticas inexactitudes, carencia de rigor, ausencia de datos contrastados y otras irregularidades del documento presentado por Repsol, que respondía a un copia y pega impresentable desde el punto de vista de la imprescindible calidad de información que debería presentar la petrolera ante los riesgos y el futuro que su proyecto genera para las Islas y su población", argumentan desde la Primera Institución.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, señala que "se emprenderán al respecto todas las acciones posibles para detener esta permanente afrenta. La falta de respeto y anulación de nuestros derechos más fundamentales es sistemática, pero conocer que hemos redactado unas alegaciones muy precisas y elaboradas sobre un proyecto que ahora incorpora nuevos documentos que no tuvimos la posibilidad de estudiar es, desde todos los puntos de vista, inaceptable".
El cabildo de Lanzarote, a través de su Oficina de Acción Global, prepara acciones parlamentarias y administrativas no sólo para exigir que se anule la totalidad de este expediente del que "no se sabe nada porque de nada nos informan" aclaró Joaquín Caraballo, vicepresidente primero, sino también para denunciar que, a pesar de que el Ministro Cañete afirmó que "en este asunto hay que dejar trabajar a los técnicos", este jueves, en el Ministerio de Medio Ambiente, "era inexplicablemente un alto cargo político del Ministerio de Industria, el Subsecretario Hernández Bento, quien dirigía las respuestas a los representantes de las autoridades canarias".
Asimismo, el Cabildo remitió un escrito el pasado 23 de octubre al ministro Cañete y a la Vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, en el que se "les rogaba" que intervinieran "de manera efectiva y rigurosa para evitar injerencias políticas en el ámbito técnico por parte de altos cargos de su gobierno, ya que el propio ministro Soria ha declarado públicamente, y de forma inaceptable desde el punto de vista democrático, que "las alegaciones al EIA no detendrán en ningún caso las prospecciones petrolíferas" y que "las perforaciones comenzarán en 2014". Como "absoluta tomadura de pelo" a esta reclamación, el Subsecretario Hernández Bento afirmó ayer en Madrid que "Repsol iniciará las prospecciones en los próximos meses".
Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote ha presentado este viernes en el Registro de la Corporación un documento de alegaciones contra las prospecciones en Baleares, como muestra de solidaridad y de apoyo con la sociedad balear, con la defensa de su turismo, con sus instituciones públicas y con su medio ambiente. El Gobierno de Canarias se ha adherido también a estas alegaciones.
