Billetes de avión, reservas de hotel y hasta alquileres de vehículos a nombre de Dimas Martín podrían haber sido abonados durante años por el Cabildo de Lanzarote y por Inalsa, mientras el líder histórico del PIL no ocupaba cargo público y se encontraba incluso cumpliendo condena (en aquel momento en régimen de tercer grado penitenciario). Además, esas reservas se habrían gestionado a través de una trabajadora del Cabildo, que mientras estaba en su puesto de trabajo mantenía un constante "flujo de llamadas telefónicas" con Dimas Martín, en lo que podría constituir otro delito de malversación, al utilizar recursos públicos para fines particulares.
Así lo sostiene un auto de la juez que instruye el caso "Unión", Silvia Muñoz, que ha abierto otro frente en la investigación y acaba de ordenar que se practiquen nuevas diligencias dentro de una de las piezas de la causa, al haberse encontrado "indicios racionales de criminalidad" respecto a estos hechos. Concretamente, advierte de la posible existencia de un nuevo delito de malversación "al sufragar los gastos de avión y estancias hoteleras del imputado Dimas Martín durante los años 2007-2010 con cargo al erario público del Cabildo de Lanzarote y/o de la entidad pública Inalsa, así como la utilización de una funcionaria del Cabildo (afiliada al grupo político PIL), para gestiones particulares del imputado Dimas Martín, cuando aquella ejercía función pública como trabajadora del Cabildo".
En aquel momento, tras las elecciones de 2007 y hasta el estallido de la Operación Unión, el PIL gobernaba junto al PSOE en el Cabildo de Lanzarote, y Plácida Guerra estaba al frente de la Consejería de Inalsa. Por su parte, Dimas Martín estaba fuera de las instituciones y se encontraba cumpliendo condena, aunque la mayor parte de ese tiempo en régimen abierto, gracias al tercer grado penitenciario que después fue anulado.
Cinco oficios para confirmar los indicios
Ante estos nuevos indicios hallados en la investigación, la juez ha decidido requerir información "urgente" al Cabildo, a Inalsa, a dos compañías aéreas y a dos agencias de viajes con las que supuestamente se contrataron esos servicios, para que aporten toda la información al respecto en un plazo máximo de cinco días.
En el auto fechado el pasado jueves 30 de octubre, la juez ordena dirigir cinco oficios reclamando información, dos de ellos al Cabildo. Uno, para que informe sobre las funciones que desarrollaba entre enero de 2007 y diciembre de 2010 la trabajadora el Cabildo que realizaba gestiones para Dimas, así como los datos sobre su nombramiento, las personas que formaban parte de su departamento, sus superiores jerárquicos y la dependencia funcional y orgánica de su puesto, así como "si estaba habilitada para la gestión de billetes de avión (reserva y pago) y plazas hoteleras (reserva y pago) con las agencias de viajes".
Además, el Cabildo también deberá enviar al Juzgado de forma "urgente" y "en todo caso en el plazo de cinco días" el listado de "todos los gastos de viaje facturados" a la Corporación a través de dos agencias de viajes entre junio de 2007 y junio de 2009, "que hayan sido gestionados" por esta empleada.
La juez ordena remitir otro oficio similar a Inalsa, para que emita una certificación sobre los "gastos de viaje (pasajes de avión, estancias hoteleras, alquiler de vehículos)" facturados en ese mismo periodo a través de dos agencias de viajes a la antigua empresa pública de aguas a nombre de Dimas Martín.
Del mismo modo, el Juzgado también recabará información directamente en las agencias de viajes y en las compañías áreas. Por un lado, solicitará a las agencias que expidan una certificación con los billetes, hoteles o vehículos de alquiler reservados a nombre de Dimas Martín y facturados al Cabildo o a Inalsa. Por otro, reclama también a Binter e Iberia el "listado de billetes emitidos a nombre del imputado Dimas Martín entre junio de 2007 y junio de 2009", especificando a través de qué agencia se compraron y a nombre de quién se giró la factura.
Los 22 imputados de la pieza 12
La pieza en la que se han ordenado estas nuevas diligencias es una de las principales de Unión, la número 12, que tiene en total 22 imputados entre políticos, técnicos y empresarios. En ella, se investiga una presunta trama de corrupción, supuestamente orquestada por Dimas Martín, para el cobro de sobornos en beneficio de cargos públicos del PIL y del propio partido, a cambio de pagos de facturas o adjudicaciones de contratos desde la administración, fundamentalmente el Ayuntamiento de Arrecife.
La instrucción de esta pieza está prácticamente concluida, a falta ahora de estas nuevas diligencias ordenadas por la juez. En su auto, y a falta de que el fiscal eleve su escrito de calificación cuando concluyan estos últimos trámites de la instrucción, la juez recuerda que se investigan delitos contra la administración pública, como prevaricación, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, exacciones ilegales, abuso de información privilegiada y delitos electorales, estos últimos en relación con la supuesta falsedad de datos en las cuentas presentadas por el PIL en las campañas electorales.
Además de Dimas Martín, en esta pieza están imputados los ex concejales del PIL Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín y Luisa Blanco; el interventor de Arrecife Carlos Sáenz; la jefa de Contratación (e hija de Dimas), Elena Martín; el entonces jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; las técnicos Yoana Cabrera Machín y Loyola del Mar Hernández; la consejera del Cabildo María José Docal; el que fuera mano derecha de Dimas, Matías Curbelo; los empresarios Juan Francisco Rosa, Antonio Gómez Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Armas, Antonio Cárdenes y Samuel Lemes; y el ex director de la prisión de Tahíche, Joaquín Herrera.
Al menos tres de los imputados, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo, han reconocido los hechos que se les imputan. Incluso, meses después de su detención, Curbelo llegó a aportar al Juzgado más datos que incriminaban a Dimas Martín y a otros miembros del partido, incluyendo documentos con la contabilidad del PIL y detalles sobre el cobro de sobornos y sobre las "donaciones" que recibía el partido de distintos empresarios
