"La Fundación César Manrique intenta abrir una polémica sin sentido". Así ha respondido el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote al comunicado enviado este miércoles por la Fundación, en el que aseguraba que el dictamen de Luciano Parejo para resolver la situación de los hoteles ilegales podría ser "nulo de pleno derecho", ya que corre el riesgo de incurrir en una "desviación de poder" para "eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales". Una advertencia que la FCM realizaba basándose en el informe que solicitaron [al catedrático Tomás Ramón Fernández. ->59971]
El grupo de gobierno del Cabildo, que en su respuesta a la Fundación deja claro que el dictamen de Parejo es "la propuesta del Cabildo", sostiene que a la FCM "no le corresponde ni la iniciativa en la búsqueda de soluciones al problema" de los hoteles ilegales, "ni la determinación o pronunciamiento acerca de la legalidad" del documento que apoya el actual grupo de gobierno.
Para el Cabildo de Lanzarote resulta "paradójico" que la Fundación César Manrique respaldara la iniciativa legislativa propuesta por el PSOE en la pasada legislatura. Y es que sostiene que ésta tenía por objeto "el establecimiento de un procedimiento extraordinario para la legalización de la oferta de alojamiento turístico en situación irregular". Por ello, el grupo de gobierno del Cabildo no se explica que ahora la Fundación anuncie que "las actuaciones ejecutadas resultan sencillamente ilegalizables".
Al Cabildo le resulta también "paradójico" que la Fundación haya cargado contra el dictamen de Parejo advirtiendo "sobre los riesgos de desviación de poder con el propósito de eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales". Y es que, para el grupo de gobierno, la "mal llamada iniciativa legislativa" del PSOE "suscitaba la apariencia de defraudación de la ejecución de los fallos", según el dictamen de Parejo.
El Cabildo también ha recordado que el dictamen de Parejo se supeditaba a la supervisión de los jueces. "El proceso de regularización en los casos en que sea posible se hará obligatoria y necesariamente desde el máximo respeto a las sentencias y de la mano de los jueces, a los efectos de su supervisión y control sobre la efectiva ejecución de las sentencias", ha indicado. Según el Cabildo, en este informe también se especificaba que "en los casos en que no fuera posible resolver en el sentido de la legalización, no se descarta la demolición total o parcial de los establecimientos".
La primera institución ha insistido en que la iniciativa para resolver la problemática de los hoteles ilegales "debe recaer en las instituciones a las que legítimamente corresponde hacerlo en Democracia y en un Estado de Derecho y que, en Canarias, son los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias". "La legalidad de la misma, como indica el dictamen de Luciano Parejo, corresponde establecerla a los tribunales de Justicia y, en ningún caso, a la FCM, por más que sea una de las partes personada en los procesos", ha querido dejar claro, al tiempo que también ha señalado que el Cabildo "en ningún momento ha hablado de la impunidad o amnistía que la Fundación pretende atribuir" a la iniciativa de Parejo, sino que "ha expresado en todo momento justamente todo lo contrario".
Pese a todas estas críticas, el Cabildo ha asegurado que confía en que la Fundación "sea consecuente con la mano tendida que ofrece en la resolución de este problema".
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