Diez viviendas de la calle Balayo, en el barrio capitalino de Argana Alta, han sido finalmente derribadas durante la mañana del martes, poniendo fin a una historia que se remonta a los años 90, cuando la empresa Construcciones Míguez Lanzarote S.L decidió llevar a cabo varios proyectos de viviendas que empezaron a construir "sin licencia", según el Ayuntamiento de Arrecife. Una visión que no comparte la empresa, que asegura que posee todos los permisos en regla y amenaza con emprender acciones penales contra los responsables municipales que han autorizado este derribo.
"El suelo es urbano consolidado, tengo documentos que demuestran que todo es legal", comenta Miguel Míguez, propietario de Construcciones Míguez Lanzarote S.L, que asegura que posee los documentos y certificados que acreditan que el suelo que posee cumple con todos los requisitos para llevar a cabo una construcción. "Me han dicho que puedo pedir una indemnización por el solar y la propiedad, pero no puedo hacer nada por las obras, que ya las están derribando. Mi objetivo es que me indemnicen también por este derribo, ya que es totalmente ilegal", declara Míguez, que también arremete contra el Consistorio, quejándose de que "a mí me hacen esto porque soy una empresa pequeña, pero habría que verlo con los grandes constructores".
Por su parte, el teniente alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra, asegura que el Consistorio "ha intentado que las obras no se llevaran a cabo por todos los medios posibles", aunque finalmente "se ha visto obligado a llevar a cabo el derribo de las construcciones, ya que el incumplimiento de la Ley continuaba y las obras seguían su proceso a pesar de haberse precintado en dos ocasiones".
Asimismo, Becerra explicó que "la intención de esta empresa es especular y vender casas que se han hecho de forma ilegal, pero en esta ocasión y tras dos precintos, se ha procedido a su demolición".
"Es un caso que se remonta a los años 90, cuando la empresa constructora empezó unas obras sin los permisos adecuados. Es cierto que el suelo es urbano consolidado, como afirman desde la empresa, pero eso no permite que se hagan obras sin una licencia, que es lo que debe hacer cualquier ciudadano que construye una vivienda", explica Becerra, que también cuenta que fue el propio empresario quien levantó los dos precintos que la Policía Local había colocado en las obras.
En cuanto a las posibles indemnizaciones que reclama el propietario de la empresa constructora, Becerra asegura que lejos de eso, "los gastos del derribo también se cargarán a la constructora, como responsable de esas malas prácticas, que incluso llegaron a obviar las órdenes de precinto, a pesar de que la empresa tuvo la oportunidad de recurrir la sentencia judicial y nunca lo hizo".
"No me lo esperaba y pensamos tomar medidas judiciales al respecto. No se pueden derribar así como así una serie de viviendas que ya teníamos construidas en Arrecife", declara por su parte el constructor. Y es que Miguel Míguez insiste en que la calificación del suelo permitía construir y que obtuvo la licencia por silencio administrativo. Ahora, además de continuar la batalla por la vía contencioso administrativa, también piensa en reclamar responsabilidades penales a los miembros del Ayuntamiento que hayan intervenido en esta decisión..
Desde el Consistorio capitalino, Ubaldo Becerra mantiene que "el Ayuntamiento de Arrecife se ha limitado a cumplir una sentencia judicial" y explica que "no es la primera vez que esta empresa constructora realiza construcciones ilegales. Ya se detectó en su día un caso de construcción ilegal, aunque finalmente tuvo que legalizarse para no causar daños mayores a terceros, debido a que las viviendas habían sido vendidas y ocupadas legalmente por familias que nada tenían que ver con las malas prácticas de la constructora".
