A partir del próximo martes dos de octubre, el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes y dos técnicos municipales, tendrán que acudir al Juzgado de Instrucción nº 8 de Arrecife para declarar como imputados de un supuesto delito de prevaricación urbanística, después de que la Justicia haya admitido a trámite la querella criminal que presentó el pasado mes de abril el grupo socialista en el Cabildo, por el caso de la concesión de licencia para construir el complejo residencial Costa Roja, el mayor proyecto urbanístico de la isla por el que se ubicarían 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje al norte de Playa Blanca, en un suelo no urbano y obviando el Plan Insular de Ordenación (PIOT) de 1991.
José Francisco Reyes no informó al Cabildo sobre esta licencia, pese a que estaba obligado judicialmente. Cuando la licencia salió a la luz en La Voz de Lanzarote el pasado 16 de febrero, el Cabildo tomó cartas en el asunto e impugnó la licencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, si bien también podría haber iniciado medidas penales contra el alcalde de Yaiza y los técnicos, una opción que el Grupo de Gobierno desechó. Fue entonces cuando el grupo socialista, en aquel momento en la oposición, decidió interponer una querella criminal firmada por el consejero Carlos Espino y presentada el pasado 19 de abril en los juzgados.
Se ha hecho cargo del caso el Juzgado de Instrucción Nº 8, ante el que tendrá que declarar a primeros del mes de octubre, con toda probabilidad la semana que viene, el alcalde de Yaiza, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes y el jefe de la Oficina Técnica municipal Antonio Lorenzo Tejera, en calidad de imputados por haber cometido supuestamente delito de prevaricación urbanística.
José Francisco Reyes tendrá que dar cuenta de sus actos ante el fiscal por segunda vez, ya que el pasado 12 de junio tuvo que prestar declaración como imputado también, junto al ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en la concesión de licencias urbanísticas.
Por otra parte las obras del complejo Costa Roja no pueden empezar por orden de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que esta misma semana ha decretado la suspensión de la licencia como medida cautelar, tal y como solicitó el pasado mes de julio el Cabildo, al menos mientras dure el procedimiento judicial que dirima la legalidad o ilegalidad del permiso firmado hace ya nueve meses por José Francisco Reyes.
