Drago Verdes Canarias ha pedido explicaciones sobre los fondos gestionados por la directora general de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, Nona Perera, candidata de Unidas Sí Podemos al Ayuntamiento de Arrecife y al Parlamento de Canarias. La formación canarista acusa del uso "nada transparente" y "aparentemente clientelar" de estos fondos.
La coalición ecologista ha señalado que la candidata de Podemos "habría publicado un libro financiado por una asociación que recibía miles de euros en concepto de subvención por parte de la propia Dirección General de Patrimonio". Además acusan que desde las cuentas en redes de la propia Dirección se hacía propaganda de su propio libro.
“Por supuesto que no parece ético autofinanciarte tus propios libros, ni hacerte auto propaganda. Pero no solo eso, es una forma muy peligrosa y muy poco democrática de gestionar el dinero público. Nos preocupa esta manera de tratar lo público muy propia de Casimiro Curbelo.”
Drago Verdes Canarias se suma así a otras denuncias realizadas contra la gestión de Podemos en el Gobierno de Canarias, como la hecha por la asociación LGTBI Aranda que ha advertido de unas presuntas contrataciones “a dedo” por importe de al menos 250.000 euros por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
Una de las instigadoras centrales de esos contratos habría sido aparentemente Laura Fuentes, candidata con doblete al Parlamento y Ayuntamiento de Los Realejos, y Directora General de Juventud, que según varias fuentes “habría generado una red de contratos menores y sin control a asociaciones y grupos afines”.
O también la denuncia de presuntos contratos menores realizados por el Instituto Canario de Igualdad, también gestionado por Podemos, cuyo destino podría haber sido una empresa relacionada con el diputado de Vox por la provincia de Las Palmas.
“De confirmarse son prácticas muy feas, muy de vieja política que buscan extender el clientelismo, y dificultar la labor de control del dinero público. Nona Perera debería responder y dar explicaciones públicas sobre esto. Nosotros estamos analizando jurídicamente todos los contratos y llegaremos hasta dónde haga falta para saber el destino de esos fondos”.
