El Consorcio del Agua de Lanzarote ha recibido este jueves, 1 de octubre, la comunicación judicial de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Canal de Isabel II contra los acuerdos aprobados por la Asamblea General el pasado 1 de junio para resolver el contrato de concesión del ciclo integral del agua y acordar la reversión y toma de posesión del servicio.
Los procedimientos se encuentran en su fase inicial y Canal de Isabel II todavía no ha formalizado las demandas sobre el fondo. El Tribunal requiere ahora al Consorcio la remisión de los expedientes administrativos, tras lo cual la empresa deberá concretar los motivos por los que solicita la anulación de los acuerdos.
El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, afirma que “vamos a defender la legalidad de los acuerdos adoptados por unanimidad de los consorciados, Cabildo y los siete Ayuntamientos, así como el interés general de Lanzarote y La Graciosa, mientras seguimos trabajando para mejorar el servicio”.
Canal de Isabel II planteó inicialmente la impugnación de ambos acuerdos en un único procedimiento. Sin embargo, mediante una providencia de 11 de septiembre, el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria requirió que se recurrieran por separado. La empresa comunicó posteriormente la presentación, el 24 de septiembre, de un segundo recurso específico contra el acuerdo de reversión.
Medidas cautelares
Aunque las demandas aún no se han formalizado, Canal de Isabel II sí ha solicitado medidas cautelares sobre las que deberá pronunciarse el Tribunal. Estas peticiones no constituyen decisiones judiciales ni suspenden por sí mismas los acuerdos del Consorcio.
En el procedimiento relativo a la resolución del contrato, la empresa solicita suspender la incautación de los ocho millones de euros en garantías: seis millones de garantía definitiva y dos millones de garantía complementaria. Subsidiariamente, pide limitar su ejecución al 43,33 % de su importe, porcentaje que vincula a los aproximadamente trece años de duración efectiva de una concesión prevista inicialmente para treinta.
Canal de Isabel II sostiene que los avales fueron constituidos por ella y no por Canal Gestión Lanzarote, y alega que habrían quedado extinguidos con la cesión contractual de 2013. También defiende que no procede ejecutar íntegramente las garantías antes de concluir la liquidación del contrato y cuantificar los daños y perjuicios.
Betancort señala que “Canal de Isabel II fue la adjudicataria inicial, es propietaria del cien por cien de Canal Gestión Lanzarote y asumió una responsabilidad solidaria vinculada al contrato. Ahora pretende desvincularse de las garantías constituidas para responder de esa concesión. El Consorcio responderá a esos argumentos ante el Tribunal, con el apoyo de los servicios jurídicos del Cabildo”.
En el procedimiento contra la reversión, Canal solicita que el Consorcio se subrogue en los contratos y relaciones jurídicas con terceros afectos al servicio que mantenía la anterior concesionaria. También reclama acceso a documentación, aplicaciones informáticas e instalaciones que considera necesarias para liquidar la concesión.
El Consorcio sostiene que la reversión se ejecuta desde el 2 de junio, cuando asumió efectivamente la gestión directa del ciclo integral del agua. Desde entonces ha mantenido la continuidad del servicio y ha venido tramitando sus propios procedimientos de contratación para atender las prestaciones necesarias, sin asumir automáticamente los contratos privados de la anterior concesionaria.
Respuesta a las críticas sobre transparencia
La comunicación judicial permite también aclarar una cuestión que había ocupado parte del debate político durante los últimos meses. El Consorcio ha recibido hoy, 1 de octubre de 2026, la documentación remitida por el Tribunal.
Sobre las acusaciones de falta de transparencia del PSOE, Betancort manifiesta que “resulta, cuando menos, curioso que durante semanas el Partido Socialista acusara públicamente al Consorcio de ocultar una acción judicial que todavía no había sido comunicada a la propia institución. Ahora sabemos que el PSOE acertaba al anunciar que existía un procedimiento. La conclusión es sencilla: parece que algunos conocían su existencia antes que el propio Consorcio”.
El presidente añade que “el Consorcio no podía ocultar una demanda que no había recibido ni conocía. Recibida ya la comunicación judicial, haremos exactamente lo que corresponde que es incorporar la documentación a los procedimientos administrativos, dar cuenta de ella a los órganos del Consorcio, en tal sentido el presidente ya ha contactado con los alcaldes consorciados, remitir al Tribunal los expedientes requeridos y ejercer la defensa jurídica de los acuerdos adoptados por la Asamblea”.
El Consorcio formulará las alegaciones correspondientes a las medidas cautelares solicitadas y continuará gestionando el abastecimiento, saneamiento y depuración de Lanzarote y La Graciosa. “Nuestra responsabilidad es defender los intereses de los ciudadanos y seguir mejorando el ciclo integral del agua. Esa seguirá siendo nuestra prioridad durante toda la tramitación judicial”, concluye Betancort.
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