El Gobierno de España va a aprobar este martes 14 de abril en Consejo de Ministros el Real Decreto que da comienzo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. Con cifras del Ejecutivo español, la iniciativa permitirá regularizar a aproximadamente a medio millón de personas que ya viven en el país, aunque aún se desconoce el número exacto de personas. Frente a ello, otras fuentes como el centro de análisis Funcas concluía en 2023 que había alrededor de 700.000 personas en situación administrativa irregular en el país.
Esta regularización beneficiará a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular y que hayan entrado en algunas de las autonomías o ciudades autónomas de España antes del 1 de enero de 2026, teniendo que acreditar cinco meses de estancia en el país, frente a los dos años que se solicitan en los procedimientos de arraigo.
En una carta dirigida a la ciudadanía, el presidente español, Pedro Sánchez, ha celebrado el "orgullo de ser español" y ha defendido que esta iniciativa es "un acto de normalización" y "de justicia" por la historia de los españoles que emigraron a América y a Europa "en busca de una vida mejor". Al mismo tiempo en que ha añadido que la regularización es además "una necesidad" por el envejecimiento de la población.
El Movimiento Regularización Ya ha celebrado el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo español para el texto definitivo de la regularización extraordinaria. Así pues, ha defendido que este documento es "el resultado de un arduo periodo de lucha y negociaciones" y ha recordado que sale adelante gracias a un proceso ciudadano para tratar de regularizar a la mayor cantidad posible de personas.
Algunos nuevos requisitos
A falta de su publicación en el Boletín Oficial de España (BOE), este colectivo ha logrado que se otorgue una autorización provisional de trabajo desde la admisión a trámite de la solicitud de regularización y ha recordado que hasta ahora, el permiso de trabajo se contemplaba solo cuando la resolución fuera favorable.
Al mismo tiempo, se compatibilizará la solicitud de regularización con el derecho a continuar el procedimiento de Protección Internacional hasta que se conceda la regularización.
El colectivo ha informado de que el padrón municipal no será el único medio que sirva para acreditar la permanencia en el territorio español ni la residencia. Se contemplan otras vías alternativas para acceder a la regularización como puede ser la situación de vulnerabilidad por estar en situación irregular, la presentación de una oferta de empleo o la realización de una formación, que se exigen en procedimientos de arraigos sociolaboral o socioformativo.
Además, los pasaportes caducados tendrán validez de cara a comenzar el trámite para solicitar la regularización.
En algunos supuestos especiales se permitirá una prórroga de cuatro años, sin nuevos requisitos, para personas en edad de jubilación, con enfermedades graves o discapacidad y sus familiares directos (cónyuge o descendientes de primer grado).
El colectivo Regularización Ya también ha informado de que las solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que estén en trámite deberán resolverse de forma favorable si se cumplen los requisitos para lograr la regularización, eximiendo a las personas en este supuesto de realización ningún trámite adicional.
Sobre los antecedentes penales, se ha eliminado la figura de la declaración responsable, pero si no se obtiene respuesta del país de origen, el Gobierno de España podrá solicitarlos directamente a ese país.
El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026
Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59
Propuestas que se quedan fuera
El Movimiento Regularización Ya ha señalado que las personas solicitantes de apátrida han sido excluidas del proceso de regularización, tras el dictamen del Consejo de Estado. El colectivo ha señalado "lo relevante de su inclusión" y ha defendido que a pesar de que mostró "alternativas viables" al Gobierno de España su iniciativa fue rechaza.
Al mismo tiempo, a pesar de que también plantearon eliminar el requisito que exige presentar un certificado de vulnerabilidad, no se ha alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo español, pero sí que el trámite se ha simplificado.
Mientras tanto, ha resaltado que su objetivo era que no decayeran las solicitudes de protección internacional al conceder la regularización, pero que solo ha logrado que se compatibilicen ambas durante el inicio y la duración del trámite.
Finalmente, el colectivo perseguía que la regularización se alargara hasta el 31 de diciembre de 2026, pero ha denunciado que la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que "recrudecerá la violencia institucional", ha sido el motivo para no ampliar su vigencia.
