Club Lanzarote S.A. ha denunciado ante el Juzgado de Guardia la incautación de su desaladora de la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, "mediante el uso de la fuerza y sin ninguna orden judicial que la autorizara", según ha comunicado la entidad a través de un comunicado.
En él, dan su versión de los hechos que han ocurrido este jueves por la mañana, cuando el Consejo Insular de Aguas ha procedido a la incautación de esta desaladora privada para lo cual ha tenido que intervenir un cerrajero. "La Policía Local de Yaiza, personal de Canal Gestión Lanzarote y del Consorcio de Aguas de Lanzarote se presentaron hoy, sin orden judicial alguna, en las instalaciones de la desalinizadora situada en la urbanización Montaña Roja, propiedad de Club Lanzarote, y procedieron a su incautación mediante el uso de la fuerza", afirman en esta nota de prensa.
En ella, aseguran que frente a la negativa de Club Lanzarote de dar acceso a este personal a las instalaciones, "las autoridades presentaron tan sólo una resolución del Presidente del Consorcio del día anterior, tomada sin procedimiento, ni audiencia alguna, que procede a la incautación de las instalaciones". "La excusa es que la empresa podría haber cometido unas supuestas infracciones leves que podrían ser sancionadas con un total aproximado de 7.000 euros", defiende la entidad, que asegura que "ninguna Ley permite semejante disparate: expropiar una empresa por una posible multa leve, sin oírla previamente".
Por el contrario, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha asegurado que a lo largo de los últimos meses se ha intentado llegar a un acuerdo con los servicios jurídicos y el promotor de esta infraestructura hidráulica, pero las conversaciones han sido "infructuosas".
Así, ha defendido esta actuación al entender que esta desaladora privada está desalando "sin autorización", que tenía un permiso en 2004, que venció en 2012. "Solicitaron una prórroga que les fue denegada por el Consejo Insular de Aguas y en 2013 se les conminó a dejar de desalar", ha afirmado San Ginés, que ha insistido en que la "gran diferencia" entre ésta y otras desaladoras "en situación irregular" es que la de Montaña Roja es la "única que vende agua a terceros". "No es de autoconsumo y nunca tuvo autorización para vender", ha recalcado el presidente.
Desde Club Lanzarote han defendido que desde el año 1988, esta compañía gestiona "de manera pública y pacífica, con el conocimiento y autorización de las autoridades públicas, la desalinizadora situada en el proyecto urbanístico Montaña Roja, como responsable de la prestación del servicio privado del agua".
"Violenta" o "bolivariana expropiación"
Club Lanzarote ha insistido en que es la promotora y responsable del Plan Parcial Urbanización Montaña Roja y dicho plan le atribuye "la competencia para el abastecimiento y suministro del agua". "No se comprende bien, la violenta, por no decir bolivariana, expropiación realizada por el Consorcio", ha denunciado la empresa.
En este sentido, ha asegurado que, en el pasado, Inalsa "se negó a efectuar el suministro en Montaña Roja por entender que no era de su competencia, señalando que la competencia estaba implícita correspondía al promotor de la Urbanización, según lo establecido en el Plan Parcial".
Para Club Lanzarote, la explicación de la situación que se ha producido este jueves "parece radicar en la reciente privatización de la gestión del agua en Lanzarote que, desde el año pasado, está siendo gestionada por la mercantil Canal Gestión, controlada al 100 por cien por el Canal de Isabel II". Incluso, señala que, desde el otorgamiento de la concesión, "el Consorcio de Aguas está siguiendo una política muy dura en contra de todo tipo de autoconsumo de agua en la isla, ampliando de esta manera el mercado de su concesionario, Canal Gestión".
Desde la entidad han querido dejar claro que la política de control público del agua "no está exenta de voces discrepantes, pues contradice el tenor de la Ley de Aguas de Canarias que siempre ha facilitado la coexistencia de fuentes públicas y privadas, para de este modo tratar de incentivar la producción de un bien tan escaso y preciado en la isla". La empresa va más allá, ya que sugiere que este hecho "podría explicar que el acuerdo fuese adoptado por el presidente del Consorcio", después de "avocar, esto es retirar, las funciones al vicepresidente, que era quien formalmente las tenía asignadas".
