"Esto huele mal" y "es un escándalo". Así se refieren los concejales de CC y PP de Tías a los acuerdos alcanzados por el grupo de gobierno en contra de las indicaciones del interventor municipal. El pleno celebrado en la noche de este martes sacó adelante dos iniciativas que contaban con los reparos del funcionario, por entender que no cuentan con la cobertura jurídica suficiente. Y lo hizo sin tener siquiera el apoyo de su socio de gobierno, Manuel Cabrera, que se abstuvo en la votación.
Los concejales de la oposición en Tías han mostrado su malestar y preocupación por el hecho de que en los últimos plenos el grupo de gobierno haya desestimado las objeciones del interventor municipal a diversos convenios y contratos firmado por el Ayuntamiento. CC y PP denuncian que el levantamiento a los reparos del interventor por parte del los gobernantes empieza a ser una práctica habitual. En definitiva, se trata, según explica Pedro Calero, de no hacer caso a las recomendaciones del interventor municipal en torno a esos contratos o convenios.
Volvió a ocurrir en el pleno celebrado este martes, en el que se desestimaron los reparos del funcionario municipal a la prórroga de un contrato de 2001 con la empresa de limpieza Salimpa para la construcción de unas naves. También se ignoraron los reparos y objeciones del interventor en torno a la concesión administrativa de un espacio público sobre el centro comercial Aquariun, en Puerto del Carmen . "Se renueva taxativamente sin pasar por un expediente de renovación, sin la cobertura jurídica correspondiente", dice Calero, quien advierte que "esto es una incongruencia de las acciones del gobierno, que cuando menos huelen mal". Además, el concejal denuncia que el equipo de gobierno no da las explicaciones oportunas y se limita a aprobar el levantamiento sin el apoyo incluso de su socio del PIL, Manuel Cabrera.
Calero recuerda el paralelismo de este caso con otro que está en manos de la Fiscalía. Se refiere el concejal a la cesión de la plaza pública por parte del Ayuntamiento al Oasis Gran Casino, que fue denunciada por los ediles del PP ante la Fiscalía. Por este caso, la investigación continúa abierta y el portavoz del PP en el municipio, José Francisco Hernández, fue llamado a declarar el pasado mes de diciembre para ratificar la denuncia.
En opinión de otro de los concejales del PP, José Pablo Lemes, lo que está ocurriendo "es un escándalo". Para los populares, "el Grupo de gobierno no hace caso, ni tiene en cuenta las advertencias del interventor a sabiendas de que puede estar cayendo en actitudes no acordes a la ley".
El último reparo del interventor que en este caso sí fue contemplado por el grupo de gobierno se refiere a un convenio que se firmó con una empresa en 2006 para la construcción en la calle Libertad de un edificio con aparcamientos, viviendas y locales, por el que a cambio la entidad acometía un parque infantil, entre otras compensaciones. En este caso, el técnico municipal informa que el convenio no contempla la zona ajardinada de la plaza pública, incumple el Plan General en cuanto al uso del subsuelo y subraya que se le ha concedido una licencia estando en fase avanzada la construcción, a pesar de tener informe técnico negativo por incumplimiento del convenio con el Plan General. Ante este demoledor informe del interventor, el grupo de gobierno decidió suspender la tramitación del expediente y pasar el mismo al interventor.
