Coalición Canaria (CC) lanza una oferta condicionada de diálogo al Grupo de Gobierno para consensuar las políticas e instrumentos de ordenación del territorio y propiciar un escenario de seguridad jurídica que permita e impulse la inversión pública y privada. Afirman que esta oferta responde a "la situación de crisis generalizada que afecta a la isla".
Así, la condición señalan que consiste en la solicitud "en particular al PSOE, de que no caiga en la tentación de plantear un debate mediático en términos ecologistas contra especuladores, tratando de patrimonializar la intención de contención del crecimiento turístico, al tiempo que demoniza al resto de fuerzas políticas como depredadores del territorio".
Los nacionalistas afirman que los instrumentos de planeamiento y ordenación territorial en trámite, pendientes de adaptación o elaboración, como el Plan General de Arrecife o la Revisión del Plan Insular de Ordenación Territorial, son "los que en mayor medida pueden contribuir a propiciar un escenario de seguridad jurídica que permita habilitar el suelo desde una perspectiva del mínimo consumo del territorio". El objetivo es que sea posible la inversión tanto pública como privada, ya que de otro modo, las empresas "podrían desviar su capital a otros destinos debilitando la posición competitiva de Lanzarote como destino turístico".
En este sentido dicen que "los numerosos contenciosos jurídicos que mantiene el Cabildo de Lanzarote contra las licencias urbanísticas (?) no contribuyen ni a una imagen turística de destino de calidad consolidado, ni a una posición de fortaleza en la intermediación turística". Asimismo, destacan que esto tampoco contribuye a la protección de los clientes, que al hacer uso de una planta alojativa sin licencia de apertura carecen de todas las garantías que protegen al consumidor en un Estado de derecho.
Para CC se deben buscar fórmulas que permitan corregir las irregularidades administrativas urbanísticas que presentan casi una treintena de complejos turísticos e indican que a su juicio los problemas que presentan la mayoría de los establecimientos hoteleros que tienen irregularidades son "subsanables", y que no dan lugar a su demolición. "Estamos convencidos de que no es intención de la Presidenta del Cabildo demoler (?) sino tratar de buscar fórmulas que permitan corregir las irregularidades".
Finalmente abogan por un marco político que dé lugar a que se "termine con el eterno debate que nos mantiene durante demasiados años en un estado de indeseable inmovilismo". De igual forma afirman que "en relación con los distintos modelos de
desarrollo que pudiéramos tener las distintas fuerzas políticas, son muchas menos las diferencias reales que las que se han pretendido aparentar, muchos los elementos que nos unen sobre los que hay que poner el acento".
