El consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, aseguró ayer que después de la aprobación del Plan Territorial Especial (PTE), adjudicado este jueves al equipo de Fernando Prats, el tiempo apremia, y por tanto hay que ponerlo a andar con rapidez. "Haremos un gran esfuerzo para culminar en tiempo este Plan Territorial", dijo. Espino no precisó la fecha límite para terminarlo, pero recordó que antes de febrero o marzo debe estar listo. La semana próxima vendrá Fernando Prats para hacer los contactos previos y apaciguar el mes de agosto en el que están de vacaciones varios colaboradores del director del equipo redactor.
De otra parte, Espino cree que a pesar de los fallos que pueda tener el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) como consecuencia de la inexperiencia de los que lo hicieron en su época y del Cabildo, todavía asombra por las previsiones que hizo. El consejero es partidario de mejorar el documento para satisfacer necesidades que quedaron pendientes haciendo uso de las nuevas posibilidades legales. En concreto, piensa que puede redactarse un PIOT de nueva generación que permita continuar a la cabeza en lo que a la ordenación del territorio se refiere. Sugirió que para no tener que esperar la reforma del PIOT pudiera hacerse un plan territorial de ganadería y agricultura en el tiempo que resta de legislatura.
La Voz adelantó en su edición de ayer que la Mesa de Contratación del Cabildo adjudicó la redacción del Plan Territorial Especial (PTE) a la empresa Auia, culminando así un largo proceso que se ha visto afectado por las diferentes crisis institucionales del Cabildo, y que habían impedido que esta adjudicación se llevase a cabo hasta este jueves.
Hay que recordar que se habían presentado un total de 8 propuestas al concurso público, siete de las cuáles habían presentado una oferta similar, de en torno a los 200.000 euros, mientras que una última ofertó sólo 60.000 euros, desestimándose porque estaba totalmente desfasada.
El peligro de que no se apruebe
Existe un peligro real de emprender obras turísticas e industriales en suelo rústico de la Isla como consecuencia del retraso en la aprobación del Plan. Desde febrero pasado quedó en manos del Gobierno de Canarias no sólo la tramitación de 25.000 camas turísticas de varios planes parciales de Lanzarote, sino que también depende del Ejecutivo regional la aprobación de cualquier Proyecto de Actuación Territorial en todo el ámbito insular, que son permisos otorgados por el Gobierno de Canarias para hacer actuaciones en suelo rústico.
Quizás lo más grave es que hasta dentro de cinco años la Primera Corporación insular no podría volver a suspender esas intervenciones, tal y como lo hiciera en el año 2003 bajo la presidencia del socialista Enrique Pérez Parrilla.
